La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, había denunciado una filtración de información sobre su embarazo y anunció que tomará acciones legales ante este hecho relativo a su gestación, con la que quedaron en suspenso dos juicios políticos de censura en su contra que el correísmo busca impulsar en la Asamblea Nacional (Parlamento).
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A través de un comunicado publicado en redes sociales, Salazar consideró que ha sido violada su privacidad “como ciudadana y como mujer embarazada”, e hizo un repaso a varias normas que prohíben la divulgación de informes médicos de carácter personal.
La fiscal general se expresó así después que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) difundiera un video donde menciona la posibilidad de retomar el juicio político contra Salazar al haber pasado ya las doce semanas de gestión, el periodo considerado de riesgo en un embarazo.
En ese mensaje se hizo mención al informe médico que la fiscal general presentó a la Asamblea Nacional para aducir un embarazo de alto riesgo y solicitar que se suspenda el juicio político hasta que dé a luz, un documento que, según ese video, le pedía no tener situaciones de estrés.
Durante este periodo la funcionaria ha continuado desarrollando su trabajo y asistiendo a largas audiencias judiciales sobre algunos de los casos de corrupción que su despacho ha investigado.
“Este certificado reposaba en el archivo del CAL. Resulta que la señora asambleísta pide ser invitada a esa sesión, se nutre de la información, y le pasa al prófugo de la justicia para que él exponga”, dijo Salazar en entrevista con el ‘Visionarias’.
Mencionó que Garzón tuvo acceso a su historial clínico y luego Correa dio a conocer el número de semanas de embarazo. También aclaró que no está huyendo del juicio político. “Yo siempre estuve, estoy y estaré lista para responder a cada una de las falacias que ponen como causales de juicio político. Lo único que yo le he pedido al CAL y a la Asamblea Nacional es que se respete mi derecho”.
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Salazar había advertido que “todo tiene un límite”. “No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que -con tal de conseguir impunidad- han sido capaces de rebasar toda frontera no solo legal, sino moral, ética y humana”, apuntó la fiscal general.
Para la fiscal general, “queda claro (por si alguna vez tuvieron alguna duda) que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como fiscal general del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos, porque quieren seguir viviendo en la impunidad”.
Con Salazar al frente desde 2019, la Fiscalía de Ecuador ha sacado adelante varios procesos por corrupción contra la administración de Correa, entre ellos el denominado caso ‘Sobornos’, donde el expresidente fue inhabilitado y condenado en 2020 junto a otros colaboradores a ocho años de cárcel por cohecho.
