La periodista cubana, Alondra Santiago, ha ofrecido varias entrevistas luego que la Cancillería le notificara por correo electrónico que su visa ha sido revocada. Según el documento, ella ha “cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”.
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Tal y como lo establece la normativa vigente, en cinco días comienza el proceso de su deportación hacia Cuba. Y así lo confirmó ella misma en una conversación con FM Mundo. Adelantó que trabaja con su equipo de abogados para evitar que la decisión prospere.
“Estoy hablando con organismos internacionales para llevar esto jurídicamente y evitar que esto prospere”
No pedirá disculpas
Mencionó que no pedirá disculpas públicas por su video en el que inicia cantando una estrofa del himno nacional de Ecuador y luego, expresa críticas al Gobierno de Daniel Noboa.
“Si yo tuviera que disculparme por la canción, estaríamos hablando de una dictadura en donde habría que pedir disculpas por la libertad de expresión”
Insistió además en que la decisión del Gobierno de revocar su visa es un atentado a la libertad de expresión y un acto autoritario.
Según la resolución, la decisión se da conforme a los artículos 67 y 68 de la Ley de Movilidad Humana y con fundamento en una solicitud del Ministerio del Interior. “Esa nunca ha sido una opción. Ante el abuso y poder desmedido, será la justicia quien ponga freno a esta arbitrariedad”.
La solicitud fue suscrita el 11 de junio por el Viceministro de Seguridad Ciudadana, la cual “remite la determinación de que la titular de dicha visa ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y Estructura del Estado”, se lee en el documento.
En la Ley Orgánica de Movilidad Humana se tipifica la revocatoria de una visa. Se trata de un acto administrativo y como sanción, se extingue la condición migratoria que autoriza la permanencia de un extranjero en el país.
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Esto procede cuando, entre varios puntos, se “ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinado por la autoridad competente”. De acuerdo a lo que se basa el Gobierno.
Asimismo, en el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana se explica que cuando la persona extranjera ha cometido “actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinados por las entidades estatales competentes mediante informe o sentencia debidamente motivados”, el caso será informado a la autoridad de movilidad humana para que proceda de manera inmediata a la revocatoria de la visa.
Posteriormente se notifica a la autoridad de Control Migratorio, en el término de cinco días, para que inicie el proceso administrativo de deportación.
