El Gobierno de Daniel Noboa se pronunció ante la decisión del pleno de la Asamblea Nacional que negó levantar la inmunidad a la vicepresidenta, Verónica Abad, para ser investigada por la Fiscalía por un presunto delito de concusión dentro de un caso de corrupción.
Con el voto afirmativo de 75 legisladores, 38 negativos y 20 abstenciones, se negó autorizar el juicio penal contra Abad y el Pleno respondió así a la solicitud para desaforar a Abad presentada por la jueza que sigue la causa de presunta corrupción, Daniella Camacho.
En un comunicado, el Gobierno considera que la votación de hoy es la “evidencia más clara de lo que ya conocíamos: un sucio pacto político, en el que prima la impunidad y los intereses personales y partidarios por encima de la dignidad y la justicia que merece el país y sus ciudadanos”.
Se agrega que la solicitud de la justicia de levantar la inmunidad a Verónica Abad, solo era cuestión de dejar “que-como en cualquier democracia medianamente estable- los órganos de la función judicial hagan su trabajo”.
Calificó de “bajos y vergonzosos (...) sus acuerdos” y que con ello impidieron que el proceso continúe como correspondía. “Aquellos que hace poco eran enemigos, ahora resulta que han tranzado debajo de la mesa (...) Solo importó su pacto”.
Y se agrega que las bancadas de PSC, RC y Construye “se han unido para frenar las acciones del Gobierno (...) bloquearon proyectos de ley impulsados por la bancada oficialista, tuvieron un pacto para intentar limitar el poder del presidente en su facultad de colegislador”.
Añaden que pretenden “implantar juicios políticos contra varios integrantes del gabinete del presidente Noboa”. Al cerrar la misiva se sostiene que “ningún funcionario está por encima de la ley y la justicia debe determinar si la vicepresidenta cometió una irregularidad y está relacionada con el caso que se le imputa a su hijo”.
