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Familiares de periodistas de El Comercio asesinados denuncian irregularidades en actas desclasificadas

Además, no se entregaron las transcripciones completas de tres actas.

Familiares de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra y su equipo legal comunicarán esta tarde a la Corte Constitucional -de manera oficial- el incumplimiento a la sentencia sobre la desclasificación de las actas del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Así lo dieron conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta “Nos Faltan Tres”.

“La información recibida por el Ministerio del Interior el 9 de mayo pasado está incompleta, mutilada y posiblemente manipulada, por lo que resulta irrelevante. Además, no se entregaron las transcripciones completas de las actas No. 18, 19 y 20″, señala el pronunciamiento.

Asimismo, denunciaron que la única acta en relación a la sesión del Consejo de Seguridad (Cosepe), en donde se menciona al caso y se habla también de la toma de resoluciones, tiene hojas faltantes e intervenciones cortadas, que no permiten determinar quién habla o el contexto de lo que dice.

“Esto que demuestra una clara intención de ocultar la información de forma deliberada y mantiene el velo de impunidad que por seis años tiene este caso. Esta entrega de las actas mutiladas ofende la memoria de Paúl, Javier y Efraín”, expresan en el comunicado los familiares de los tres periodistas.

Sin embargo, aseguran que la poca información que estas actas mutiladas aporta evidencia de manera clara las omisiones e ineptitud del gobierno de Lenín Moreno, de su exministro del Interior, César Navas, y de las demás autoridades que conformaron el Comité de Crisis:

“Las actas demuestran los errores en la negociación para rescatar con vida a los periodistas en el 2018. Por lo que esta información también será enviada a la Fiscalía General del Estado, para que avance con las investigaciones de este caso”.

Finalmente señalaron que esperan que la Corte Constitucional dé el respectivo seguimiento al cumplimiento de la sentencia para conocer bajo qué criterios el Ministerio del Interior entregó la información.

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