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Jorge Glas seguirá en la cárcel pese a que su detención fue “arbitraria”

Glas cumple sentencias penales por asociación ilícita y cohecho

Hace pocos minutos, el Tribunal de la Sala de la Niñez y la Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) consideró que la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la Embajada de México en Quito fue “ilegal” y “arbitraria”. Sin embargo, no se dispuso su libertad debido a que cumple sentencias por los casos Odebrecht y Sobornos.

La jueza Mónica Heredia indicó que la “ilegalidad” de la detención se determinó en parte por el ingreso a la Embajada mexicana sin autorización de su personal diplomático.

La decisión se dio a conocer al finalizar la audiencia por un habeas corpus presentado por la defensa de Glas, con el cual también se pedía que lo regresen a esa Embajada o a la de otro país para que le den asilo.

Sobre esto último, el Tribunal señaló que no le corresponde pronunciarse, sino a las autoridades diplomáticas de cada país.

Glas fue detenido el pasado viernes por la Policía Nacional, que irrumpió en la Embajada de México donde acaba de recibir asilo por parte del Gobierno mexicano.

Luego lo trasladaron hacia la cárcel de máxima seguridad del país y actualmente se encuentra en huelga de hambre en la cárcel, según confirmó su abogada Sonia Vera.

Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el Gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.

El exvicepresidente tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

La Justicia también había dictaminado que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, de las que ya purgó cerca de cinco años entre 2017 y 2022.

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