Según la denuncia de la hermana de Franklin -que llegó a la Fiscalía- relata que un compañero del trabajo de su hermano la llamó el 26 de enero de 2024 para informarle que Franklin no llegó a laborar. Trató de comunicarse con él, pero su celular estaba apagado. Al día siguiente, la mujer viajó de Guayaquil a Quito para buscarlo en su vivienda, ubicada en San Bartolo, en el sur de Quito, pero no lo encontró. Unas vecinas le informaron que el 23 de enero, Franklin estaba libando con unos amigos y que desde esa noche ya no lo volvieron a ver.
Con las referencias que entregaron las personas del vecindario, Fiscalía y DINASED (unidad especializada en personas desaparecidas de la Policía Nacional) iniciaron la investigación y solicitaron los videos de las cámaras de vigilancia del sector.
En uno de ellos se ve que la noche del 23 de enero, Franklin conversaba con Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S., compañeros de trabajo, en la puerta de su domicilio. Luego, todos entraron a la vivienda. La secuencia de imágenes continúa. La madrugada del 24 de enero, Javier y Francisco salieron del domicilio con fundas y recipientes que arrojaron en diferentes basureros del sector. Siguiendo estas pistas, los investigadores encontraron los restos humanos en el basurero de El Inga.
Sobre la reformulación de cargos
Con esta evidencia, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas reformuló cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte a los dos sujetos, procesados en el caso de Franklin Walter López Delgado, reportado como desaparecido el 27 de enero de 2024. El resultado de la muestra de ADN, tomada de un torso humano encontrado en el botadero de basura de El Inga –nororiente de Quito–, concluyó que dichos restos pertenecen a la víctima. Con esta reformulación, la instrucción fiscal se extiende a ciento veinte días.
En la audiencia de reformulación de cargos –en la que se mantuvo la orden de prisión preventiva para los procesados–, el Fiscal del caso explicó que los dos ciudadanos, compañeros de trabajo de Franklin, fueron los últimos en verlo con vida.
Además, Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S. presentaron su renuncia al trabajo –después de 7 años de labores– al siguiente día de la desaparición de la víctima. Durante la investigación, ambos se han acogido al derecho al silencio.
