En medio de un estado de excepción en Ecuador, asesinaron a tiros a Brigitte García, alcaldesa del cantón San Vicente, en la provincia de Manabí. Otro hecho violento que conmociona al país y el Gobierno ya hizo su pronunciamiento al respecto.
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En un comunicado repudia y condena el crimen de García y de Jairo Loor, director de comunicación del Municipio de San Vicente.
<b>“Nuestro sentido pesar de todo corazón. Nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes impunes”.</b>
Se indica que realiza un trabajo con la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos. Además, se ha dispuesto a la Policía Nacional que realicen todas las acciones que garanticen inmediatez para dar con los autores materiales, e intelectuales.
El Gobierno señala que no bajará la guardia en esta lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política. Igualmente se reforzarán los controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz del país.
Brigitte García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana.
El asesinato de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero, y también en medio del estado de excepción.
Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a Guayaquil. El asesinato de Carnero, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
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El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”.
La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, de acuerdo con EFE.
