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Fiscalía ejecutó allanamientos por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República

Las diligencia se ejecutan en Quito y Cuenca, según informó la cartera de Estado.

Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.
Fiscalía ejecuta allanamientos por presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. Imagen: FGE

En el marco de las indagaciones por el Caso Nene, la Fiscalía General del Estado informó que la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Fiscalía, liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, ejecutó varios allanamientos en Quito y Cuenca.

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Asimismo, se informó que en el operativo se hizo efectiva la orden de detención contra Francisco Sebastián B. A. por su presunta participación en el hecho investigado por Fiscalía. En las próximas horas se resolverá su situación jurídica, según las diligencias que dio a conocer la cartera de Estado que realizó respecto al presunto delito.

¿Qué es la oferta de tráfico de influencias?

La Oferta de Realizar Tráfico de Influencias está tipificado en el artículo 286 de Código Orgánico Integral Penal (COIP), mismo que señala: “persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros”.

El delito de tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario o autoridad pública a través de una situación de prevalimiento para conseguir un beneficio económico a través de una resolución.

El tráfico de influencias se configura actualmente, entonces, por la utilización indebida de las influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función pública; y la estafa agravada por la sola invocación de influencias reales o simuladas con la finalidad de engañar y obtener un aprovechamiento económico. Es decir que la persona que ejecute el delito, solicite de terceros: dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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