Las investigaciones por el caso desaparición del joven Hernán Mendoza continúan. Ahora, y como parte de las mismas, la Fiscalía General del Estado realizará una pericia de ADN a restos óseos hallados en Manduriacu, entre el límite de las provincias de Pichincha e Imbabura. Así lo informó la institución en su cuenta de X.
Esta información surge cuando ayer se cumplió Este lunes, 26 de febrero, se cumplió un mes de la desaparición de Hernán Mendoza, quien salió junto a un amigo al sector de La Pradera, en el norte de Quito.
El viernes 26 de enero, a las 22:30, Mendoza y su amigo decidieron volver a casa por el toque de queda. Pero delincuentes los obligaron a subirse a un taxi sin rumbo conocido. El amigo de Hernán dijo que fueron escopolaminados y que los golpearon.
El amigo de Hernán fue liberado, lo encontraron cerca del puente de Guápulo. El único detenido por la desaparición de Mendoza es el taxista Franklin Álvarez.
Las autoridades demostraron que el taxista es una de las últimas personas que mantuvo contacto con Mendoza, y también habría participado en el posible robo de dinero de la víctima a través de su tarjeta de débito.
Según las investigaciones, en el celular del sospechoso se encontraron mensajes que evidencian que este solicitó el código de la tarjeta para retirar USD 260 dólares, en el sur de Quito, ya siendo la madrugada del 27 de enero.
En el celular de Álvarez también se encontró que tenía relación con las dos personas con las que se subieron a su taxi junto a Mendoza y su amigo. Una de esas personas, sería familiar directo del taxista porque comprobaron que tienen los mismos apellidos.
El amigo de Hernán contó a la Policía que uno de ellos fue quien le dio el vaso con una bebida alcohólica que le hizo perder el conocimiento.
El fiscal del caso presentó más de 30 pruebas entre las que constan grabaciones de cámaras de seguridad, informe de registros telefónicos, reportes de la entidad financiera donde tenía el dinero la víctima, la versión de una chica y el informe de la inspección al vehículo del detenido, entre otros.
A mediados de febrero, el juez que conoció la causa dispuso prisión preventiva para Álvarez y la Fiscalía tendrá 90 días para recabar todos los elementos que permitan llevar a juicio al sospechoso.