La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el asesinato de la concejal de Naranjal, Diana Carnero, ocurrido la tarde de ayer. Según las primeras versiones, la joven de 29 años estaba en los exteriores de su domicilio, en el sector Corona 2, en esa localidad de Guayas, grabando material sobre el estado de las calles.
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Esto ocurre en un momento en que el país está sometido a un estado de excepción y a un “conflicto armado interno” declarado contra el crimen organizado, que faculta a los militares apoyar a la Policía en acciones de seguridad interna.
“Se realizó el levantamiento de cadáver e indicios balísticos en el lugar; no se registran detenidos”, informó la Fiscalía en su cuenta de X. Sujetos en moto atacaron a balazos a la concejal.
Posteriormente fue trasladada hacia el Hospital Básico de Naranjal, donde los médicos corroboraron que no tenía signos vitales debido a la gravedad de las heridas. En los exteriores de la casa de salud se activó el Código Plata.
Carnero fue candidata por el partido de la Revolución Ciudadana, lista 5, en las elecciones de febrero de 2023. Era ingeniera civil y figuraba como creadora y administradora de un centro de nivelación académica.
El asesinato de Carnero se suma a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, o el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar una espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el “conflicto armado interno”, el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó “como organizaciones terroristas” y “actores no estatales beligerantes”, de acuerdo con EFE.
