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Jueza acepta el pedido de la Fiscalía y llama a juicio a todos los procesados en esta causa

Todos habrían participado en el proceso por un pacto de recompra de Bonos Global 2024

Imagen referencial
Imagen referencial (Fiscalía)

La jueza Irene Pérez acogió el pedido fundamentado de Fiscalía General del Estado y llamó a juicio a Enrique E. M. y David Iván P. S., exdirectores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional; Alfredo Daniel V. M., exdirector de inversiones; Santiago Patricio D. T., exasesor jurídico; Rafael N. O., exdirector económico financiero; John L. A., exdirector de riesgos; Jorge Ch. M., representante de la empresa Ibcorp Investment; en calidad de presuntos autores directos de peculado.

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Mientras que Luis Alberto A. V., gerente general de operaciones de Decevale; Carlos Alberto C. C., gerente general de Decevale; y Luis Oswaldo D. V., representante legal de Ventura casa de Valores –suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi S. A.–; fueron llamados a juicio como coautores de la infracción.

Todos habrían participado en el proceso por un pacto de recompra de Bonos Global 2024 entre directivos del Isspol y las empresas IBcorp Investments y Capital Ventura.

La Jueza, además, ratificó las medidas cautelares para todos los procesados. Por esta causa se encuentran prófugos de la justicia el exdirector de riesgos de Isspol, John L. A.; Luis Oswaldo D. V., representante legal de Ventura casa de Valores; Luis Alberto A. V., gerente general de operaciones de Decevale; y Jorge Ch. M., representante de la empresa Ibcorp Investment; para quienes la Jueza ratificó la medida de prisión preventiva y de quienes se conoce que no se encuentran en el país.

También, la Magistrada dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas, fondos y bienes hasta por 188 millones de dólares, valor al que asciende el monto del presunto peculado en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.

El pasado 21 de julio, previo a la suspensión de la audiencia, el Fiscal de la Unidad de Administración Pública sustentó su dictamen acusatorio en más de cincuenta elementos de convicción.

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