La fiscal Diana Salazar acusa directamente al abogado Cristian Romero de supuestamente haber intervenido de manera directa en los procesos judiciales cuando fue defensa del narcotraficante Leandro Norero, luego de la revelación de los chats de los 15 celulares de ‘El Patrón’.
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Sin embargo, en la audiencia en la que se le vinculó a él y a otras siete personas más al proceso por delincuencia organizada dentro del caso Metástasis, rechazó su participación y maldijo al narco fallecido.
“Señor juez, existen dudas de mi participación, y lo digo de forma clara y directa ante usted. Yo nunca, nunca chatee por la plataforma Thremma como el señor Leandro Antonio Norero Tigua, quien se tomó mi nombre. Maldito sea por el resto de su vida, pues trató simplemente de ocultarse, justificarse y, en el caso en concreto, de alguna forma buscaron tener réditos económicos que jamás llegaron a mi bolsillo”, dijo en la audiencia.
Sin embargo Salazar ubicó en la cúpula criminal de la organización a Romero junto con Hélive A., alias Estimado o Larry, y Alexander N., alias Novita o Novi, también procesados, y con la vinculación se sumó a Gilmar C., alias Yankee; a Cristian R., alias Globalpax; a Daniel S., alias DS o El Bellito; y Xavier J., alias Pili, Ravioli, Daddy Yankee o Marido, a quien la Fiscalía lo ve como otro “jefe o líder de la organización criminal” junto a Norero.
Ante eso Cristian indicó que los elementos de convicción presentados por Salazar genera más dudas que participación y que solo tuvo contacto con el narco en dos ocasiones: La primera por la plataforma Zoom y la otra de forma directa a través de vidrios blindados en el centro de Rehabilitación de Latacunga donde se mantenía recluido hasta el día de su asesinato, el pasado 3 de octubre de 2022.
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En su audiencia Cristian le pedía al juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que no se le dicte prisión preventiva y que se le otorgue poder defenderse en libertad, incluso que se le ordene presentación periódica de dos o tres veces por semana.
El abogado aseguró ser inocente y dijo ser “un académico decente que se ha ganado la vida honradamente” y que más de 200 contratos de honorarios de servicios profesionales firmados avalarían que hay gente que confía en él como defensa técnica.
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“Cuándo, señor juez, en las decenas de casos que yo he tenido en la CNJ, donde inclusive sus coordinadores son grandes amigos míos, yo he tratado, por lo menos en el caso en concreto, de ofrecer un solo centavo a los jueces de la Corte Nacional. (...) La Fiscalía General del Estado tiene a su lado, en el caso en concreto, a dos personas que son amigos míos, que han estado en mi casa, inclusive”, afirmó el letrado.
Pero por otro lado, la fiscal Diana Salazar informó que relacionado a Romero se contactaron con la Fiscalía para plantear someterse a figuras de procedimiento abreviado. Esto quiere decir que asumían su culpa para que se les baje la pena.
Salazar le dijo en la audiencia al abogado que se hacía llamar como alias Globalpax que no se va a someter a sus condiciones:
“Desde ya le envío este mensaje al señor Christian R., que está en calidad de prófugo que no nos someteremos a sus condiciones. Ha venido a pedir 20 meses y estar en la Cárcel 4. Por Dios, los procesados, los delincuentes no vienen a someter a la justicia. Él tendrá que someterse a las condiciones que la Fiscalía establezca y que la ciudadanía también conozca toda la verdad de lo que se ha tejido, porque no es solamente este caso, son varios que han sido manejados por esta organización, por esta estructura de abogados, por esta estructura de jueces”, agregó.
Por su parte, la defensa de Cristian R, José Moreno, ha rechazado que se haya planteado esa posibilidad y que incluso dentro del expediente fiscal, el cual ya cuenta con más de 192 cuerpos, consta un documento entregado por alias Globalpax donde asegura que es falso que él este buscando acogerse a un procedimiento abreviado o de cooperación eficaz.
La instrucción fiscal continúa por 120 días del caso donde están siendo investigadas 39 personas como el exjuez de la Corte Nacional, el expresidente de la Judicatura, jueces de las provincias de Cotopaxi, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, agentes fiscales, abogados en libre ejercicio, policías de diferentes rangos y funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
