El Ministerio de Educación emitió un pronunciamiento en el marco de un caso de violencia sexual digital, con el uso de inteligencia artificial (IA), en un colegio de Quito. Se habrían tomado fotografías a más de una docena de alumnas de primero a tercero de bachillerato y utilizaron esa herramienta para crear videos de contenido erótico.
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Esa cartera de Estado publicó en la red social X, un comunicado en el que asegura que el 28 de septiembre presentó el “Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia digital detectadas en el Sistema Nacional de Educación”. Explica que esta es una herramienta de apoyo que establece lineamientos para garantizar la prevención, detección, intervención, derivación, seguimiento y reparación frente a situaciones de violencia digital.
La misiva fue publicada un día después que Sybel Martínez, directora del grupo Rescate Escolar (fundación dedicada a la prevención y atención de violencia en contra de niños y adolescentes), informara que conoció un hecho diferente de lo que suelen tratar en referencia a que se habría usado IA como una forma de violencia de género.
Es fue entonces que la cartera de Educación señaló que algún caso o situación de violencia digital detectado o cometido en el sistema educativo, en cualquier sostenimiento (fiscal, municipal, particular y fiscomisional) debe regirse en ese documento de aplicación obligatoria para todos los niveles: Inicial, básica y bachillerato (técnico y complementario en artes) del Sistema Nacional de Educación, en las modalidades presencial, a distancia y semipresencial.
Igualmente dejó este link https://acortar.link/SDH45y para obtener mayor información sobre el Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia digital.
Ante las dudas generadas en el chat de WhatsApp del Ministerio de Educación, este diario recibió una respuesta por interno. El caso en mención se refiere a “una institución educativa de sostenimiento particular”.
Se agrega que desde ese despacho, través de la Dirección Distrital, activó las rutas y protocolos para estos casos. La institución educativa remitió el caso a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y a la Fiscalía.
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Dicha junta “se encuentra activada para desarrollar el proceso sancionatorio conforme lo establece la ley y notificará la decisión a la institución educativa y a los familiares de los estudiantes implicados”.
Por su parte, la Fiscalía seguirá el procedimiento legal correspondiente y emitirá su resolución directamente a las familias en mención.
Finalizaron con que si se desea conocer más del caso, contactarse con las autoridades de la institución educativa, precautelando la protección y el derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen de niños y adolescentes. “Al ser institución particular deben seguir las rutas y el protocolo correspondiente”.
