El Ministerio de Educación se pronunció en su cuenta de X con respecto al informe de la Contraloría en el que se determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares de esa cartera de Estado.

En una publicación se indicó que ratifica su compromiso de colaboración con las autoridades de control y con el buen uso de los recursos públicos.

Asimismo, brindará información de forma transparente respecto de este caso que ocurrió en el 2020, en el que la Contraloría General del Estado (CGE) determinó posibles responsabilidades penales en la distribución de textos escolares.

El ente contralor señala que aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal, como resultado del examen especial practicado en el Ministerio de Educación a la contratación del servicio de impresión de material escolar, su distribución, uso y destino durante el periodo comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2022.

El organismo contralor puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las inconsistencias entre las actas de entrega-recepción, que fueron emitidas entre el 7 y 15 de julio de 2020 por la distribución de material educativo, y el número de alumnos registrados en las instituciones educativas de las provincias de Carchi y Esmeraldas.

En ellas se entregaron kits de textos escolares valorados en USD 200.448.

En las actas constó la entrega de 39.692 kits a siete centros de aprendizaje de Esmeraldas y tres de Carchi. Sin embargo, en los registros administrativos del Ministerio de Educación, durante los años 2020 y 2021, a esas escuelas asistieron únicamente 545 alumnos.

Ante las consultas del equipo de control sobre el uso de los insumos, los rectores informaron a la auditoría que no recibieron la cantidad de textos escolares detallada en la documentación y que existían diferencias sustanciales entre lo constante en las actas y la cantidad de estudiantes.

Por ejemplo, se registró la entrega de 4.384 kits a una escuela con capacidad para 28 alumnos.

Un rector indicó que no recibió textos escolares nuevos, sino libros deteriorados que iban a darse de baja en los inventarios de la escuela.

Otras autoridades denunciaron posibles adulteraciones de las actas, pues diferían los formatos, membretes y las hojas no estaban sumilladas ni numeradas.

Falencias de la gestión

El informe de auditoría señala falencias en la gestión documental en el Ministerio de Educación. La entidad no contó con un archivo completo de actas de entrega-recepción en formatos preimpresos o generados en un sistema, con numeración cronológica para validar la distribución.

La ausencia de políticas para la asignación de los materiales y de un sistema de control de inventarios ocasionó que se desconozca el destino de recursos educativos por USD 2′723.030.

El monto corresponde a las diferencias, por USD 778.486, entre las cantidades entregadas a las instituciones educativas por las direcciones distritales, y a la ausencia de evidencia documental de la distribución de kits escolares valorados en USD 1′944.543, a los estudiantes.

Tampoco se aplicaron directrices para el almacenamiento, distribución, control y uso de los bienes, originando que los responsables de la bodega de Calderón (norte de Quito) del Ministerio de Educación no justifiquen documentadamente el uso y destino de 939.650 materiales didácticos, por un valor de USD 897.610

La auditoría también realizó observaciones a los procesos de contratación del servicio de impresión del material escolar. El presupuesto referencial no contó con costos unitarios ni proformas adjuntas, los pliegos no se elaboraron con las versiones oficiales vigentes y se calificó a oferentes vinculados, por lo que no se pudo corroborar que los proveedores seleccionados fueron las mejores alternativas para la institución.