Tres candidatos a asambleístas han solicitado protección policial, donde el pasado domingo fue asesinado un postulante a esa dignidad, aparentemente en un caso de delincuencia común, indicó este miércoles el ministro del Interior, Juan Zapata.
La solicitud la realizaron, a través del Consejo Nacional Electoral (CNE), candidatos de las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo, de las alianzas Centro Democrático, Actuemos y lista 5, precisó el funcionario.
Anotó que se hará el respectivo análisis de riesgo y si se considera pertinente se les brindará seguridad policial.
El comandante de la Policía, Fausto Salinas, aclaró que no se brindará seguridad a todos los postulantes a la Legislatura y recalcó que podrá elevar la solicitud al CNE únicamente el candidato que tenga riesgo inminente o se encuentre en un sector crítico.
Sin embargo, advirtió que si algún postulante acude a un sitio donde realice un evento y necesita protección especial podrá coordinar con los comandantes locales. Sobre las investigaciones del asesinato al candidato a asambleísta Rider Sánchez, Zapata indicó que se ha dictado prisión preventiva por treinta días para el detenido en el caso.
Asimismo, apuntó que tras su detención se obtuvo información de otros cuatro participantes y negó que el crimen sea por un tema vinculado a un hecho político, pues dijo que los sujetos se dedicaban al robo, extorsión y al alquiler de vehículos para generar actos delictivos.
Sánchez se postulaba para integrar la Asamblea Nacional por la alianza política que respalda la candidatura del exvicepresidente Otto Sonnenholzner para la Presidencia del país, en las elecciones del próximo 20 de agosto.
Zapata formuló un llamamiento a Sonnenholzner, Jan Topic y Daniel Noboa, así como a sus compañeros de fórmula para que acepten la seguridad que ofrece la Policía Nacional.
Los restantes cinco candidatos presidenciales sí cuentan con protección de la Policía.
El proceso electoral de agosto próximo obedece a la decisión del actual mandatario del país, el conservador Guillermo Lasso, de invocar en mayo pasado la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y pedir que se convoque a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.
Las autoridades que resulten elegidas en esos comicios completarán el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que él mismo recortó a la mitad por haber invocado la “muerte cruzada” en un momento en que el Legislativo, dominado por la oposición, debatía una moción de censura en su contra, tras haberlo acusado de un presunto peculado (malversación).
