Desde este miércoles 17 de mayo el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un máximo de siete días para convocar a elecciones después que el presidente de la República Guillermo Lasso dictara muerte cruzada. En apenas un día han comenzado a “lanzarse” nombres de posibles candidatos.
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En redes sociales se hablaba que la actual fiscal Diana Salazar podría pugnar por la presidencia en los comicios a celebrarse en poco más de tres meses. Sin embargo, la funcionaria salió a brindar declaraciones y detallar la verdad.
En su cuenta de Twitter escribió: “ante los rumores de una posible candidatura política, quiero dejar claro que mi único interés es cumplir con mis funciones de fiscal general, cargo para el que fui nombrada y en el que permaneceré por mi compromiso con el país y con la justicia”.
Salazar entró en discusión debido a la publicación de Ecuadorplay, la plataforma acotó que ella estaría entre las opcionadas para acompañar a Fernando Villavicencio en su carrera por el sillón en Carondelet.
¿Qué pasará con Villavicencio?
Instantes después que Lasso lanzará el decreto de muerte cruzada, el exasambleísta anunció su precandidatura. Él destacó que quiere tener un acuerdo grande con varias facciones para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, justicia, seguridad, economía y empleo.
Según recogió el medio El Universo, Villavicencio no se aliaría con CREO y más bien tendría como prioridad combatir al crimen organizado.
Muerte cruzada, ¿qué es?
Ecuador se despertó este miércoles con un sorpresivo decreto emitido por su presidente, el conservador Guillermo Lasso, en el que aplicaba la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo extraordinario que contempla su Constitución como salida a una crisis de gobernabilidad.
La denominada “muerte cruzada” está prevista en el artículo 148 de la carta magna ecuatoriana de 2008, promovida bajo el mandato presidencial del progresista Rafael Correa (2007-2017) y es la primera vez que se hace uso de él desde que entró en vigor esta Constitución. En ese artículo se da la facultad al presidente de disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) y al mismo tiempo adelantar las elecciones generales.
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