Con 116 legisladores se se instaló la sesión 868 del Pleno de la Asamblea Nacional para votar y dar paso al juicio político del presidente Guillermo Lasso. Además, se conoció los memorandos enviados por la Comisión de Fiscalización que notifica la no aprobación del informe sobre el proceso.
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Con 88 votos a favor, 23 en contra, 5 abstenciones y cero blancos, se aprobó resolución que menciona que sí hay las pruebas del presunto delito de peculado, que justifican llamar a Lasso a juicio político en el Pleno de la Asamblea. La moción fue presentada por la asambleísta del correísmo UNES, Viviana Veloz.
El proyecto tiene cuatro puntos resolutivos:
- Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso porque “se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas con los que Flopec tenía relación contractual”. Aseguran que el Presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción en Flopec”.
- Disponer al presidente de la Asamblea que continúe con la tramitación del proceso de juicio político.
- Difundir de manera inmediata la presente resolución y el expediente íntegro del proceso a todos los asambleístas.
- Notificar al presidente Lasso con esta resolución.
¿Qué sigue después?
Una vez que se dio paso al juicio, se seguirá el trámite previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional la difusión del informe. Transcurridas 48 horas luego de la difusión del informe, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución, de ser el caso”.
Según el artículo 94, en el plazo de cinco días de concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate con base en las pruebas de descargo presentadas por Lasso.
El oficialismo se defendió:
Por su parte, Marco Troya y Ana Belén Cordero, asambleístas de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), defendieron la actuación de la Comisión de Fiscalización
Ana Belén justificó el supuesto nuevo contrato del que habla el correísmo. Además, dijo que UNES está tergiversando la información para decir que hay pruebas del supuesto peculado cometido por Lasso. “¿Si no hay informe motivado, sobre qué van a juzgar al presidente Lasso? ¿Sobre la demanda que la Corte Constitucional dijo que es “mínimamente verosímil”?”, preguntó Cordero.
