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Presidente Lasso responde: ¿Cuándo se tomaría la decisión de la “Muerte Cruzada”?

Acusó a sus contrarios de conspirar en su contra.

El presidente Guillermo Lasso envió este domingo 16 de abril pruebas de descargo a la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en su contra. Por su parte, la Asamblea Nacional anunció que desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de abril la Comisión se Fiscalización trabajará en la substanciación del juicio político en contra del primer mandatario.

A vísperas de este juicio político, Lasso habló del “AS” bajo la manga que le queda: Muerte Cruzada. En su entrevista con el periodista de CNN, Andrés Oppenheimer, el presidente del Ecuador acotó que después de su defensa escogerá la mejor decisión para el país.

La Constitución del Ecuador contempla en su artículo 148 que el presidente de la República tiene la facultad, por una sola vez, de disolver la Asamblea Nacional y, el Consejo Nacional Electoral (CNE), llamar a elecciones en máximo 7 días para escoger a nuevos legisladores y al presidente que termine el período para el que fue electo.

“He decidido ir a la Asamblea Nacional, defenderme. Lugo de eso tomaré la decisión que considere la más adecuada para el Ecuador. Porque tenemos que procurar la estabilidad del Ecuador, todos los ecuatorianos quieren avanzar”, tachó.

¿Quiénes conspiran hacia él?

En los primeros minutos de su intervención, Lasso acotó que la oposición se niega a ver los logros conseguidos en los primeros 22 meses de mandato. Añadió que la acusación de peculado no existe ya que los contratos firmados datan de años y meses atrás de iniciar su Gobierno.

“Lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia, la presidencia de la República como institución, mi Gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi Gobierno en apenas 22 meses de gestión. Quieren verme fuera porque soy incómodo para muchos de ellos, soy incómodo por la lucha frontal de mi Gobierno contra el narcotráfico”.

“Ese juicio, que fue admitido por la Corte Constitucional, se trata de dos contratos: el uno firmado en diciembre del 2018 y el segundo en diciembre del 2020. Por lo tanto, no existe peculado”, afirmó.

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