Todos pasamos momentos junto a nuestros seres queridos. Son parte de nuestra cotidianidad, de nuestro compartir, una parte fundamental de lo que se compone nuestra existencia. Con ellos reímos, lloramos, nos abrazamos, nos enojamos y los recuerdos junto a ellos permanecen eternos junto a ellos. Sin embargo, todo se nubla cuando un día que parecía todo normal, desaparecen en medio de alguna calle, vía o sector de Ecuador.
Pasan las horas, los días. Se notifica a la Policía Nacional y se pone la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Los trámites y la burocracia se tornan lentos, y lo único que dicen los funcionarios a las víctimas -o sea sus familiares- es que tengan paciencia.
El tiempo avanza y no hay resultado. La angustia, la desesperación y el dolor son los sentimientos que surgen porque nadie da con el paradero de David, Jairo, Michelle. Porque nadie sabe qué pasó con María Belén, con María José, con Paúl.
La negligencia es evidente, pero la esperanza está. Ella se ha convertido en el arma y sostén de los familiares de personas desaparecidas que buscan la verdad, que no callan y que exigen al Estado y a sus instituciones que se hagan responsables de miles de casos que no han sido resueltos y develan que la ‘desaparición forzada’ es una problemática que sigue sin resolverse en Ecuador.
“No importa el orden en como se cuenten nuestras historias. Todas tienen un patrón en común: la desidia del Estados y sus funcionarios”, es el título con el que los testimonios de las víctimas denuncian las respuestas que han tenidos de las autoridades en cada uno de sus casos.
Los casos vienen desde los años 1990 hasta 2022. Ninguno se ha resuelto hasta la fecha:
Caso Alexander Adrián Romo Basantes: desapareció el pasado 6 de noviembre de 1994 en el antiguo terminal de Cumandá, en el centro histórico de Quito.
Caso Josué Isai Villarruel García: fue visto por última vez el pasado miércoles 15 de diciembre de 2021 en la ciudad de Quito.
Caso Jairo Andrés Dávalos Paredes: fue hallado muerto, tras horas de estar desaparecido.
Caso María José Morillo: era subteniente de inteligencia militar. Falleció a los 28 al interior de uno de los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Su caso se resolvió al interior de la Institución, le realizaron una autopsia sin autorización de los familiares. Sin embargo, para ellos hay cabos sueltos sin resolver que involucra a miembros de la institución.
Caso Leonor Ramírez: desapareció el 29 de abril de 2011 en el centro sur de Quito.
Caso David Romo: su último paradero se registró el 16 de mayo de 2013 en Quito. Lo último que se supo de él que se dirigía a su casa en un bus N. 4 de la compañía Trans Hemisferios después de salir de recibir clases en la Universidad Central del Ecuador. Pese a que su madre presentó la denuncia respectivas, hay vacíos en la investigación realizada.
Caso María Belén Bernal: fue víctima de femicidio al interior de la Escuela Superior de la Policía Nacional el pasado 11 de septiembre de 2022. Su cuerpo estuvo desaparecido por más de 10 días.
Caso Paúl Rivas (fotógrafo de diario El Comercio): Fue secuestrado en la frontera norte de Ecuador, junto a Javier Ortega y Efraín Segarra el pasado abril de 2018 por disidentes de las FARC, posteriormente fueron asesinados. El expresidente Lenin Moreno y el actual mandatario Guillermo Lasso prometieron a sus familiares desclasificar los documentos. Hasta la fecha no se ha cumplido.
Caso Michelle Montenegro: desapareció el pasado 5 de junio de 2018 en el sector de la Armenia, en Quito.