Victoria Patiño, participante de MasterChef Ecuador, fue vinculada por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro. Según la Fiscalía General del Estado (FGE) la familia de la concursante habría recibido USD 44 millones de los USD 76 millones que son parte de las coimas, según las investigaciones presentadas.

Patiño, desde sus redes sociales, se pronunció y aseguró que no recibió ni un centavo del monto de USD 200 mil que es por el que se la vincula. Además, señaló que durante el proceso de investigación del caso (2009- 2018) tenía 15 años y se encontraba afuera del país.

También indicó que ella no es servidora pública, ni tiene relación jurídica con las empresas vinculadas y desconoce el “por qué” de sus vinculación en el caso que involucra a su abuelo Conto Patiño y varios miembros de su familia.

¿Que sucedería si habría recibido el dinero siendo menor de edad?

El Dr. Paúl Gallardo, experto en Derecho Penal, indicó que los menores de edad tienen un derecho penal correctivo porque son imputables. Ellos no tienen penas privativas de libertad, sino penas socio educativas.

Por lo que el jurista considera que: “lo más importante en el caso sería analizar el contexto de una posible existencia de alguien que esté utilizando a una persona o si utilizó a una persona que no puede ser imputable (menor de edad) para recibir sobornos. Ese es un reto grande para Fiscalía, ya que topa temas de autoría y participación”.

Sobre las medidas cautelares

El juez Adrián Rojas dictó medidas cautelares contra 37 procesador por el caso Sinohydro. En el caso de Victoria Patiño deberá presentarse cada ocho días en la Corte Nacional de Justicia del Ecuador mientras dure la instrucción fiscal de noventa días. Como también, tiene prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia.

¿En qué consiste el delito de cohecho?

El delito de “Cohecho” se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y señala que:

“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones”.