Un alcalde aseguró durante un mitin electoral que la comunidad LGTBIQ+ es “una plaga” y “un demonio contra la ley de Dios”, expresiones que este martes han sido rechazadas profundamente por colectivos defensores de los derechos de identidad de género y libertad de orientación sexual.
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De acuerdo a un video publicado en redes sociales de un mitin realizado el lunes, las palabras fueron emitidas por Luis Ugsha, alcalde del cantón (municipio) de Pujilí, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, donde busca ser reelegido en las elecciones de este domingo 5 de febrero.
Durante el discurso proselitista para pedir el voto a su favor, Ugsha también tuvo otras expresiones homofóbicas como que “no quisiera que sea hermafrodito, no quisiera que mi hijo este manoseando a otro varón”.
“No quisiera que mi hijo esté besando a un hombre, no quisiera que mi hija esté entre mujeres abrazándose y besándose. Eso no existe”, dijo Ugsha, que se presenta a la reelección por la lista SUMA 23.
Ante estas palabras, la campaña “Acuerdo por la igualdad” hacia el Voto LGBT+, conformada por la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y la Plataforma Nacional Trans, manifestó su profundo rechazo.
En un comunicado, lamentó que las expresiones de Ugsha “satanicen” sus relaciones, “cuando lo único que hay es amor”.
“Creemos que sus palabras contienen una profunda homofobia, desprecio y odio hacia nuestras poblaciones LGBT+. Discursos como el del candidato Ugsha, son los que colocan en peligro nuestras vidas y nuestras familias”, señalaron.
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Estas dos organizaciones, que integran en total 99 colectivos en todo el territorio nacional, exigió disculpas públicas de Ugsha y le sugirieron que tome un curso con alguna de las organizaciones de Cotopaxi defensoras de los derechos de la comunidad.
Asimismo, también instaron al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que actué de oficio y tome cartas en el asunto.
El próximo 5 de febrero están llamados a las urnas unos 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS.
A la vez se votará el referéndum impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, instituciones, democracia y medio ambiente
