Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación en el Gobierno de Rafael Correa, fue llamado a juicio como autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Igualmente, el juez de Garantías Penales, Giovanni Freire, prohibió al procesado enajenar bienes y ordenó la retención de sus cuentas bancarias hasta por USD 10.000.
Luego de anunciada su decisión, el Juez fijó una caución de 10.000 dólares –por pedido del abogado de la defensa de Alvarad.– y dispuso que una vez cancelado este monto en la cuenta del Consejo de la Judicatura se levante la prisión preventiva del exfuncionario de Gobierno. Además, podrá regresar al Ecuador debiendo cumplir presentaciones cada quince días.
De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía, la institución se opuso a esa decisión. “Me opuse (a la caución), tomando en consideración que no existen elementos que garanticen que el procesado comparecerá a la audiencia de juzgamiento. Hay que ver si, después de la caución, da cumplimiento a las presentaciones”, indicó el Fiscal del caso, Martín Navarrete.
Contexto
En 2018, el exsecretario de Comunicación habría incumplido con las medidas cautelares impuestas durante otro proceso penal. Él debía cumplir presentaciones periódicas y portar un grillete electrónico.
Sin embargo, los informes al dispositivo electrónico arrojaron cerca de 1.400 alertas. Finalmente, el 21 de octubre de 2018 se encontró el grillete electrónico del procesado en medio de la maleza en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, en Quito.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
