Con 96 votos a favor el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe presentado por la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso María Belén Bernal. Además, deberá entregar las resoluciones a Elizabeth Otavalo madre de Bernal, como también el legislativo hará público el documento.
De acuerdo a la resolución del informe aprobado: “se notificará a la Presidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandancia General de la Policía, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Derechos Humanos”.
Asimismo: “se notificará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un próximo periodo de sesiones sobre femicidios en Ecuador”.
De igual manera el pleno dispuso a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social el seguimiento trimestral e implementación de las conclusiones y recomendaciones de este informe, que de acuerdo al pleno deberá ser evidenciado mediante un documento en el plazo de 180 días.
¿Responsables directos?
Ana Herrera (UNES), representante de la Comisión, insistió en la presentación del informe que hay responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos.
Asimismo, el exministro del Interior Patricio Carrillo, hasta el Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas. De acuerdo a lo expuesto, la responsabilidad se argumenta “por las omisiones en el cumplimiento del deber que correspondía a las autoridades de la Policía Nacional”.
Según la Comisión, existe responsabilidad estatal, no solo por lo que sucedió en la Escuela Superior de la Policía, si no por los actos posteriores al crimen, como la falta de diligencia en la vigilancia de Germán Cáceres autor del femicidio y quien se dio a la fuga posterior al crimen.
Seis asambleístas intervinieron en el pleno de la Asamblea Nacional, quienes en torno al Caso María Belén Bernal cuestionaron la actuación de la justicia ecuatoriana, que de acuerdo a las legisladoras, “está en su peor momento”.
