Nuevos incidentes en la Penitenciaría del Litoral. Una persona privada de libertad murió este miércoles por nuevos enfrentamientos en medio de la ola de violencia que se vive en Ecuador.
Una jornada violenta vivió Ecuador este martes tras una andanada de atentados que han dejado al menos cinco policías muertos, explosiones en tres ciudades, tiroteos en algunas calles y un caos por el traslado de presos de una cárcel de máxima seguridad a otra donde sus pares no los quieren.
Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 45 días en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde también se aplica un toque de queda desde las nueve de la noche.
Los “actos de sabotaje y terrorismo” son, “por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de derecho, el Gobierno” y los ciudadanos, dijo Lasso al declarar la medida excepcional.
Además, ordenó a las fuerzas del orden “actuar con dureza, dentro del marco de la ley” contra “la narcodelincuencia” que intenta generar acciones de terror al verse, según el mandatario, acosada por la acción del Estado contra el crimen.
“No les tenemos miedo”, desafió el mandatario que también reiteró en su propósito de “ordenar las cárceles” para intentar solucionar la crisis penitenciaria que aqueja a esos centros desde hace dos años.
Las Fuerzas Armadas y la Policía “intervinieron la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación”, reveló el mandatario al justificar el traslado de al menos 200 prisioneros de esa cárcel de máxima seguridad a la de El Rodeo, en Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí.
Justamente, un grupo de reclusos de la cárcel El Rodeo advirtió de un nuevo motín por el traslado de prisioneros de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Guayaquil, a quienes no los quieren y culpan de la violencia en el sistema de prisiones.
Por medio de un portavoz encapuchado que habló en un video por redes sociales, los presos de El Rodeo advirtieron además de la posibilidad de una “guerra” si las autoridades penitenciarias y del Gobierno continúan con su política de traslado de presos considerados peligrosos.
La crisis carcelaria en Ecuador es atribuida a bandas de delincuentes que se disputan el control de las prisiones, aunque también lo alimenta el hacinamiento y la falta de recursos.
La violencia que se había visto en las cárceles, según algunos analistas, parece haber saltado a las calles.
En redes sociales han circulado videos sobre varios enfrentamientos y atentados entre sujetos desconocidos y policías, así como de detonaciones en el Municipio de Durán, cerca de Guayaquil.
El Ministerio del Interior también confirmó que el incendio de un vehículo en la ciudad tropical de Santo Domingo de los Colorados obedece a otro ataque.
También se ha registrado el presunto intento de saqueo en un centro comercial de Durán, donde las tiendas de comercio han cerrado sus puertas ante el temor de hechos violentos.
La situación de preocupación y pánico entre la ciudadanía, especialmente en Guayaquil, ha llevado a la alcaldesa de esa urbe, Cynthia Viteri, a pedir al Gobierno que suspenda las clases en esa ciudad portuaria.
“Suspenda las clases presenciales en la ciudad de Guayaquil y en los sitios de conflicto, mientras toma las medidas severas que todos esperamos frente al momento violento que vivimos”, escribió Viteri en un mensaje en redes sociales.
Además, este miércoles “reduzca la jornada laboral para que nuestros trabajadores puedan regresar temprano con sus familias. Nosotros como Municipio así lo haremos”, añadió.
La situación incluso ha causado una corta reacción por fuera del ámbito nacional, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en lo que algunos internautas ecuatorianos han calificado como un mensaje directo a Lasso, ha advertido de que este tipo de cosas no se solucionan solo con decretos.
“El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica”, escribió Bukele en Twitter y dijo que “aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada”.
“Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”, agregó el mandatario salvadoreño
