Durante la madrugada del sábado 22 de octubre, con un disparo en el pecho, asesinaron a la activista ambiental, Alba Bermeo, en la parroquia de Molleturo, provincia del Azuay. La pérdida es doble pues la joven de 24 años estaba embarazada de cinco meses.
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Este crimen ha conmocionado al país y a las organizaciones ambientalistas ya que en comunicados señalan que estarían involucrados “personas en actividades mineras” como las supuestas responsables en la muerte violenta.
El asesinato ocurrió delante de su hermano. Alba Bermeo era candidata al GAD de Molleturo. Los ambientalistas señalaron que este es el tercer ataque contra moradores de Molleturo en menos de un mes.
¿Qué pasó con Alba para que la hayan asesinado?
Según una denuncia pública de Yasunidos indicaron que a las 22:00 del 21 de octubre, personas de la comunidad de Cochapamba y del cantón Ponce Enríquez se dirigieron con 2 furgones hacia una concesión minera para sacar material aurífero.
Además, indicaron que cargaron un camión y llegaron a Tamarindo, en la vía Naranjal-Cuenca, hacia la medianoche. En ese punto, los requisó la Policía y halló el material aurífero, por lo que se procedió a detener el vehículo. Allí, “llegaron personas de la comunidad y exigen que se regrese el material a Molleturo y que el camión y el material deben ser verificados, se argumentó”. Por lo tanto, “aplicando una decisión colectiva, discutida y que busca la resolución del conflicto, llevaron el camión en dirección a Molleturo”.
Los ambientalistas indicaron que Alba regresaba de un viaje con su hermano, en una grúa y se encontraron en el control Tamarindo; venían detrás del camión. En medio de la carretera personas “irreconocibles” que comenzaron a disparar a la grúa impactando una bala en el pecho de la mujer.
Juan Puin, familiar de la víctima, dijo a Crónica Cuenca: “Le quitaron la vida a una mujer, de 24 años, que tenía todo por delante. “Estamos en un país de nadie, estamos deshechos, no tenemos autoridades, no tenemos quien nos proteja, la delincuencia está al pie de nosotros”.
El comunicado asevera que pese “a los gravísimos hechos” del 1 y 8 de este mes, “ni la Gobernación del Azuay, ni la Policía, ni la Fiscalia, han tomado medidas para brindar protección a las personas defensoras de la naturaleza en Molleturo como tampoco para impedir actividades de minería ilegal (…)”.
