Entre nueve y diez bandas son las causantes de la crisis carcelaria en Ecuador, según estimaciones del SNAI. Revela además una cifra impactante; alrededor de 11.000 de los 32.000 presos que tiene el país, equivalente a un tercio de la población penitenciaria, se identifica con alguna de esas organizaciones criminales que se disputan el control interno de las 36 prisione s.
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La información la ofreció el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, el miércoles 24 de agosto de 2022 en un encuentro con periodistas, reseña la agencia EFE.
Los enfrentamientos en las cárceles ecuatorianas, donde desde el lunes pasado comenzó el primer censo penitenciario de la historia del país, han dejado más de 400 reos asesinados desde 2020.
Las bandas más grandes del país son: Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones, Chonekillers, entre otros quienes también se disputan el territorio del país para el microtráfico y narcotráfico de drogas.
Ramírez reconoció que si bien los indicios apuntan a que estas bandas tienen nexos con el narcotráfico; no necesariamente las personas que están al mando de ellas están vinculadas o han sido sentenciadas por delitos de tráfico ilícito de drogas.
Crisis carcelaria y hacinamiento en Ecuador
El funcionario admitió que en el país hay cárceles con un hacinamiento aún alto, donde se llega al 20 %, 30 % e incluso 50 %. Esta situación es atribuida a que hay presos que piden permanecer en ellas por cercanía a sus familias o porque están procesados en esas jurisdicciones.
Afirmó que el SNAI va por el camino correcto para pacificar las cárceles, especialmente en el objetivo de que el hacinamiento sea “cero” a final de año.
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En ese sentido, destacó que la tasa actual de hacinamiento en el conjunto de las 36 prisiones que tiene el país es de 7,52 %, prácticamente 20 puntos menos que a finales del año pasado.
“El hacinamiento es nuestro principal objetivo”, dijo Ramírez.
Explicó que la reducción se lleva a cabo mediante un programa de libertades condicionales y de indultos a presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la pena. Por esta vía se han excarcelado entre 4.000 y 4.500 reos.
Más tecnología y agentes penitenciarios
El director del SNAI manifestó su confianza en que el Estado podrá recuperar el control de las prisiones con el deshacinamiento y la contratación este año de 1.300 nuevos agentes penitenciarios. Esta suma permitirá casi doblar la plantilla actual de 1.600 carceleros, recalcó.
Unidos a los 1.000 adicionales que esperan contratar el próximo año, el equipo de funcionarios de prisiones ascenderá a casi 4.000; lo que dará un rango de un guardia por cada ocho presos, por encima de las recomendaciones internacionales que aconsejan uno por cada diez, según destacó Ramírez.
Presos usan drones para ingresar lo que desean a las cárceles
Reconoció que es difícil controlar los objetos prohibidos, como las armas, que ingresan a las cárceles y que luego son usados en las masacres entre presos porque, según aseguró, estas organizaciones son capaces hasta de utilizar drones para ingresar lo que desean a los centros carcelarios.
Para el transcurso de este 2022 Ramírez estima que todas las cárceles dispondrán de escáneres y equipos de rayos X para un mayor control de las personas y de los objetos que entran y salen de las prisiones.
Una estrategia estatal
En su balance sobre la crisis carcelaria, Ramírez se refirió a la necesidad de una estrategia estatal. A su criterio debe incluir la implicación de la Justicia para no abusar de la prisión provisional para procesados por delitos menores; que hace que entre el 25 % y 30 % de los presos estén en esas condición actualmente.
La cooperación internacional recibida para aplacar esta crisis carcelaria; especialmente de los Estados Unidos y de la Unión Europea, a través del Programa de Asistencia Contra el Crimen Trasnacional Organizado (EL PACTO), es uno de los aspectos que destacó el funcionario en la comparecencia ante los medios.
