Durante el primer día de manifestaciones se reportaron desmanes en florícolas. Personas invadieron estos espacios causando vandalismo y paralizando el trabajo de estos lugares, según especificó Expoflores.
“Con preocupación hemos recibido fotos y videos de varias fincas en las que se han registrado irrupciones violentas y daños materiales por parte de los participantes de las movilizaciones”, señalaron en un comunicado.
Además se han enviado alertas de mensajes vía WhatsApp a los trabajadores de las fincas, en los que son chantajeados con salvoconductos para sacar sus productos a cambio de participar en las movilizaciones.
Expoflores señaló en su misiva que rechazan esto actos vandálicos que impiden el normal desarrollo de las actividades. “La movilización social es un derecho, pero no puede convertirse en un emprendimiento al trabajo y a la libre producción”.
Además de invadir las fincas, los manifestantes bajaron las llantas de los buses para impedir que los trabajadores se puedan movilizar. En redes sociales se viralizó como operaron las personas para instar a unirse al Paro Nacional.
Situación del Paro
Hasta el mediodía se habían registrado unos 30 bloqueos de carreteras, aunque solo una permanecía cortada para entonces, según precisó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, desde el “puesto de mando unificado” instaurado por el Gobierno en Quito para evaluar permanentemente la situación en el país.
El 90 % de las vías de Ecuador se encontraban despejadas para el flujo de vehículos y de personas, según un balance ofrecido en un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
Estos cortes comenzaron en la madrugada y, de acuerdo a la Conaie, se registran en 16 de las 24 provincias del país, aunque mayormente las andinas Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Azuay y Pichincha (cuya capital es Quito), así como en la amazónica provincia de Pastaza.
En varios de estos puntos llegaron contingentes de la Policía Nacional pero no hubo enfrentamientos entre los indígenas y los agentes, aunque la Conaie denunció “un acto de represión”.