Es el comunicado de los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, de Pachakutik, que emitieron en defensa del pedido del jefe de Estado a la Fiscalía que los investigue por votar en contra del Proyecto de Ley de Inversiones.

Añaden que, como lo determina el artículo 422 ibídem, “el señor Presidente no puso en conocimiento de la autoridad de forma inmediata el supuesto delito cometido; lo que evidencia que al no cumplirse sus cálculos políticos, ahora busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachakutik”.

Según los legisladores, el hecho de no haber conseguido un resultado favorable en la votación del Proyecto de Ley de Inversiones, “el Presidente procede con una acción de retaliación, abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano”.

También cuestionaron: “¿Si se aprobaba el antes citado proyecto de ley, los presuntos beneficios económicos ofertados a cambio de un voto favorable, habrían quedado en la impunidad?”.

Rechazaron “la infundada denuncia efectuada por el presidente, y exigimos que presente las pruebas que corroboren sus afirmaciones, al tiempo que estamos dispuestos a brindar las facilidades para la investigación que realice la Fiscalía”.

Afirmaron que continuarán con su trabajo “sin obedecer a chantajes o presiones políticas “que son prácticas del pasado y que pretendan nuevamente posicionarse en la actual democracia participativa”.

Denuncia de Lasso

El Lasso también pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) investigar una posible evasión tributaria del dirigente político Xavier Hervas. Con ello, Lasso dijo cumplir con su obligación de denunciar la corrupción, aunque su pronunciamiento también responde a voces de opositores que le pedían aclarar su comentario del pasado jueves, cuando afirmó que la Asamblea había negado y archivado su proyecto porque no se había sometido a los “chantajes” de ciertos políticos.

En su carta, Lasso explicó que en días pasados unos colaboradores suyos habían mantenido una reunión política con cierto asambleístas para tratar el eventual apoyo a la ley de inversiones que se tramitaba en el Parlamento. Los legisladores involucrados, según el relato del mandatario, habrían pedido beneficios económicos “a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”.