La Asamblea Nacional desmintió la existencia de una supuesta carta emitida por las bancadas de UNES, Pachalutik, ID e independientes en la que se habla de una destitución del presidente Guillermo Lasso.

Esto circula en redes y en chats de WhatsApp en medio de la investigación previa que ha iniciado la Fiscalía, sobre los hechos denunciados por el primer Mandatario. El pedido es que la institución investigue a legisladores de Pachakutik que votaron en contra de un proyecto de ley de inversiones que impulsaba el Ejecutivo.

“Con la prueba existente, la Asamblea Nacional tiene los elementos suficientes para llevar al presidente Lasso a un juicio político”. Se lee en el escrito que se ha divulgado y que la Asamblea desmintió. Por tanto, hace un llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales.

Investigación previa

La Fiscalía lleva adelante una investigación”objetiva que reúna los elementos de convicción, cargo y descargo que le permitan decidir si formula una imputación”, se lee en un comunicado.

En ese sentido, llamó a los ciudadanos que puedan aportar con elementos que contribuyan al desarrollo de la investigación y que los pongan en conocimiento de la institución a fin de procesar a los responsables y que no exista impunidad.

En una carta dirigida a la fiscal general, Diana Salazar, Lasso pidió investigar por el delito de concusión (exigir pagos indebidos) a los legisladores Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, todos ellos del movimiento indígena Pachakutik, así como al asesor parlamentario Marcelo Rosero.

El mandatario también pidió al Servicio de Rentas Internas investigar una posible evasión tributaria del dirigente político Xavier Hervas, un excandidato presidencial y líder de Izquierda Democrática (socialdemocracia), partido que también se opuso al proyecto de ley de inversiones.

Al respecto, el coordinador Nacional de PK, Marlon Santi, pidió una investigación transparente para que “todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario público y que, de comprobarse actos dolosos, que se aplique el máximo rigor de la Ley a quien corresponda”.