La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes realizar un juicio político para destituir al presidente del país, el conservador Sebastián Piñera, por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero.

Tras una maratoniana sesión parlamentaria de casi 24 horas, los diputados resolvieron por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones que la acusación constitucional avance al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado en la investigación los papeles de Pandora.

La oposición necesitaba 78 de los 155 escaños para aprobar la acusación que presentó el pasado 13 de octubre y en la que acusó al gobernante de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

“Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino (...) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país”, aseguró el diputado encargado de exponer los argumentos a favor del juicio político, el socialista Jaime Naranjo, al final de su larguísima intervención.

RECTA FINAL DE LA CAMPAÑA

La acusación contra el presidente se discutirá en el Senado -donde se requiere un quórum más alto de dos tercios- apenas unos días antes de que Chile celebre el 21 de noviembre las elecciones más trascendentales e inciertas de su historia reciente en las que se decidirá precisamente al sucesor de Piñera.

Los Papeles Pandora revelaron presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas a un íntimo amigo de la familia presidencial, apenas nueve meses después de que este asumiera el cargo para su primer mandato no consecutivo (2010-2014).

Piñera, una de las fortunas más grandes de Chile, defiende que se desvinculó de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado ya fue sobreseído en 2017.

El juicio político, que una comisión parlamentaria dijo el viernes que era improcedente en un informe no vinculante, corre a la par de una investigación en el Ministerio Público por posibles delitos tributarios y de cohecho en la misma operación.

Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social, las protestas más graves desde el fin de la dictadura.