La Ley de la muerte cruzada en Ecuador figura en el artículo 148 de la Constitución. Esta autoriza al Presidente de la República disolver la Asamblea Nacional -a su juicio- por tres motivos: 1. Arrogación de funciones que no le competan constitucionalmente. 2. Si obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 3. Por una grave crisis política y conmoción interna.

Esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.

Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos­ - leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo.

Las elecciones tanto legislativas como presidenciales convocadas por el CNE son para completar el resto de los periodos, no se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de la reelección. 

La muerte cruzada es una de las opciones que tendría Guillermo Lasso actualmente tras la situación de criterios divididos que se vive entre el Ejecutivo y el Legislativo para dar paso a la Ley de Creación de Oportunidades.

Guillermo Lasso calificó a la Asamblea Nacional como desconectada y que, “prefiere hablar de empanadas con sobreprecio, a tratar la Ley de Creación de Oportunidades”.

Por su parte, la Asamblea Nacional emitió un comunicado donde señaló que “siempre ha estado y estará dispuesta a tratar las propuestas del Gobierno Nacional. Nunca ha bloqueado ninguna”.

Guadalupe Llori dijo que el Presidente tiene toda la potestad de llamar a una consulta popular o a una muerte cruzada. " Lo que nosotros decimos es que tanto se han quejado de que la Asamblea no pueden hacer gastos, sin embargo se va a gastar de 90 a 100 millones, aproximadamente, para una Consulta Popular, pudiendo hacer canales de diálogo para conversar y ponernos de acuerdo y que haya un reencuentro entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo”.

Pandora Papers

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo durante una entrevista con Teleamazonas que el objetivo de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que investiga el caso de los “Pandora Papers”, era llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso.

Por su parte el primer mandatarios pidió a la Contraloría General del Estado examinar su patrimonio. Según una carta publicada por Lasso, en los últimos 15 años ha pagado alrededor de 588 millones de dólares en impuestos.

Con respecto a ese tema, Llori aseveró que la Asamblea está obligada a realizar la investigación, siendo la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad la encargada, por decisión del Pleno.