La Fiscalía informó de la sentencia condenatoria de siete años de pena privativa de libertad contra una mujer que se hacía pasar como funcionaria de una entidad crediticia para captar a potenciales clientes, acumulando una lista de más de 100 personas perjudicadas. Y un perjuicio que sería superior a los 50.000 dólares.
En audiencia de juicio, desarrollada , en la Unidad Judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Cecilia Rodríguez Arboleda, presentó como pruebas: el testimonio de once personas, entre agentes investigadores y aprehensores, el perito contable (que procesó el reconocimiento de evidencias) y cinco denunciantes.
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Entre las pruebas documentales constan los depósitos efectuados en cuentas bancarias, documentos y formularios presuntamente emitidos por la entidad del Estado, copias y originales de documentos de identidad y varias denuncias de los perjudicados.
El Tribunal Penal, conformado por los jueces Fernando Lalama, Francisco Dávila y Mónica Abad –por unanimidad–, emitieron las sentencia condenatoria contra Aurora Isabel L. E., que incluye el pago de una multa de cincuenta salarios básicos unificados (20.000 dólares) y de una reparación integral de 30.000 dólares (5.000 dólares a cada uno de los seis denunciantes).
El caso
La Fiscalía del Guayas inició una investigación, en agosto de 2020, contra una persona que se hacía pasar como funcionaria de BanEcuador que se dedicaba a reclutar personas necesitadas de líneas de crédito, especialmente para consumo, proyectos empresariales, microempresa e hipotecas, para lo que utilizaba WhatsApp y redes sociales.
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Uno de los perjudicados se contactó con la supuesta funcionaria, en las calles 31 y García Goyena. En el lugar, la mujer procedió a darle información y otorgarle formularios con logos institucionales para que los llene con información personal, incluso le recomendó abrir cuentas bancarias en dicha entidad.
El ciudadano le dio 50 dólares en efectivo, prometiendo que iría a un cajero para sacar otros 150 dólares, pero al ver ciertas incongruencias por parte de la mujer, denunció el hecho a un patrullero de la Policía Nacional que pasó por el lugar.
Los uniformados le pidieron la identificación y credencial institucional a la supuesta funcionaria, mismos que no pudo presentar ni justificar, por lo que fue detenida y trasladada a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, donde fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales.
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Los presuntos créditos que ofrecía a sus víctimas iban desde los 10.000 hasta los 900.000 dólares, para lo que solicitaba a los interesados valores de 100 a 200 dólares para ingresarlos a un determinado “grupo de aportantes” e iniciar los trámites respectivos.
¿Qué dice el COIP?
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 186, inciso segundo, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con pena privativa de libertad de siete a diez años de a prisión.
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