El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con CNN, apuntó cuáles serán las medidas que se tomarán para realizar una reestructuración en todo el sistema carcelario después de la jornada de incidentes en los Centros de Cotopaxi y Guayas. Al menos 22 privados de la libertad fallecieron producto de motines y enfrentamiento de bandas.
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«Una de las soluciones inmediatas para reducir el hacinamiento es reconocer los derechos carcelarios de cerca de 5 mil presos en Ecuador, los que no han sido tramitados precisamente por la debilidad institucional del SNAI», argumentó.
Lasso precisó que se deberá habilitar controles con el uso de cámaras, escáneres y, sobretodo, fortalecer a los guías penitenciarios. Para el primer mandatario son muy mal entrenados y mal pagados.
Este no es un tema que por primera vez lo toma mi Gobierno. En apenas 59 días ya hemos tocado este tema en el Consejo de Seguridad Nacional y ya hemos comenzado a trabajar en el nivel estructural.
Lasso agregó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tomaran control de los Centros Penitenciarios involucrados en los siniestros de este pasado miércoles 21 de julio.
A la par, indicó que no se ha contemplado la privatización del sistema carcelario. Agregó que el nuevo director de la SNAI, Fausto Cobo, contará con el apoyo económico del Gobierno para ejecutar los planes de reestructuración.
Lasso, en una rueda de prensa, aseguró que la Policía ha recuperado el control de la Cárcel Número 1 de la provincia de Guayas; así como de Cotopaxi, donde se registraron los motines la noche del miércoles «entre bandas delincuenciales».
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El gobernante, que visitó Latacunga para conocer de cerca la situación, indicó que una contundente acción policial, con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas, puso fin a los incidentes.
«A las mafias que pretenden amedrentar a este país, quiero decirles que se equivocan si creen que este Gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores», añadió.
Y advirtió: «Todos ustedes serán derrotados, vamos a usar todo el poder de la ley para imponer el estado de derecho, para garantizar la paz y los derechos humanos en los centros carcelarios del Ecuador».
