De forma oral, Fiscalía apeló la sentencia absolutoria emitida la noche de este jueves 15 de julio, por parte del Tribunal de Garantías Penales de El Oro, a favor de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, Jorge S. M., Jorge S. V. y 6 empresas, procesados por el delito de lavado de activos, por un monto de 1’956.125,12 dólares.
Por unanimidad, el Tribunal conformado por los jueces Manuel Zhapán, Rafael Arce y Wilson Landívar, ratificó el estado de inocencia de los involucrados y dispuso el levantamiento de medidas cautelares que pesan en su contra.
La fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, formalizará la apelación cuando el fallo sea notificado por escrito, pues no concuerda con esa resolución, ya que en la audiencia de juicio, que se desarrolló durante catorce días en jornadas que se extendieron hasta por doce horas, presentó cincuenta y tres pruebas testimoniales y 102 documentales, con las que demostró la existencia del delito y la responsabilidad penal de los procesados.
- Antecedentes, contexto y pruebas presentadas
Esta investigación se inició tras la detención de Noé S., el 9 de junio de 2020, en un paso irregular de la frontera entre Ecuador y Perú con dinero en efectivo. Además, portaba documentos personales y de otros, más de ocho teléfonos celulares, al menos diez chips telefónicos, soles peruanos, tarjetas de crédito de él y de su hermano, Daniel Salcedo, y varias credenciales, entre estas una que tenía el nombre de Abraham Muñoz con la foto de Daniel Salcedo.
Daniel Salcedo tenía como actividad económica en su RUC “la cría y explotación de criaderos de peces”. Durante dos años, aproximadamente, habría realizado consumos con tarjetas de crédito en el exterior por 614.252 dólares, por compras en tiendas Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, entre otras tiendas de reconocidas y costosas marcas. Además, importó un vehículo Toyota Sequoia con uso de un carné de discapacidad, automotor que no es comercializado en el Ecuador y cuyo valor sería de 97.000 dólares.
Fiscalía también probó que estas personas conocían que las empresas procesadas simularon la prestación de servicios para ocultar el origen ilícito de este dinero, el cual provenía de coimas y sobornos (por contratos con terceros y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).
El incremento patrimonial de los procesados se evidenció con la adquisición de varios inmuebles, vehículos de alta gama, grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, viajes, consumos elevados con tarjetas de crédito en el exterior, entre otros.
