La Justicia ecuatoriana ordenó este domingo la prisión preventiva para cuatro personas y el arresto domiciliario para una más, en un caso que investiga el hallazgo de supuestas vacunas anticovid en un establecimiento clandestino en la costa del país.
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La Fiscalía General del Estado informó en su cuenta de Twitter que se formularon cargos contra cinco personas «por presunta producción, fabricación, comercialización y distribución de medicamentos adulterados. Se dicta prisión preventiva para 4 y arresto domiciliario para 1».
«La acusación se fundamenta en una presunta estafa», anotó al señalar que los procesados fueron detenidos en un operativo conjunto con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) en un establecimiento clandestino en Manta (provincia de Manabí).
Anotó que en el sitio «tenían vacunas falsas para covid-19, cuyo contenido era una solución salina».
Arcsa indicó que se identificaron un total de 43 jeringuillas con supuestas vacunas contra la covid-19 y, de acuerdo a las autoridades, se habría reenvasado un líquido en esos dispositivos, «que no contaban con marca o denominación de ninguna de las vacunas autorizadas para uso en el Ecuador».
Los productos incautados fueron trasladados por agentes de Fiscalía a Guayaquil (suroeste), para ser analizados en el Laboratorio de Referencia de Arcsa.
Allí se les aplicaron los análisis físico-químicos respectivos (cloro, barrido de espectro-fotómetro, absorción atómica) para determinar si la solución acuosa que contenían las jeringuillas era alguna vacuna autorizada que había sido reenvasada o se trataría de otro líquido.
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«Al momento de la recepción de las supuestas vacunas, llegaron en condiciones no aptas para su aplicación, ya que no se respetó la cadena de frío obligatoria para su conservación», indica un comunicado de Arca.
Un informe preliminar de laboratorio arrojó «la presencia de altos índices de sodio en el líquido, lo que sugeriría que podría tratarse de suero salino o incluso agua de mar», apuntaba en un primer comunicado antes de conocerse la información de Fiscalía.
Ana Karina Ramírez, directora ejecutiva de Arcsa, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que no se apliquen vacunas en lugares externos a la Red Integral de Salud y que denuncien la existencia de estos centros clandestinos que ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos.
