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El gobierno boliviano investiga un supuesto préstamo de armas no letales por parte de la administración del expresidente ecuatoriano Lenín Moreno a la exmandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, actualmente encarcelada e investigada por presunta sedición y terrorismo.
“Está en investigación y en las próximas horas daremos un comunicado sobre toda la dotación que habría entregado Ecuador a Bolivia”, dijo el viernes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Agregó que también se investiga “información extraoficial” de que no sólo se trataría de “gases lacrimógenos” sino también “munición de guerra”.
Del Castillo no mostró pruebas en la rueda de prensa, pero el supuesto préstamo habría ocurrido entre noviembre y diciembre de 2019.
El viernes algunos diarios bolivianos publicaron una supuesta carta de mayo de 2020 en la que el entonces jefe de la Policía Nacional de Ecuador, Hernán Patricio Carillo, pedía la devolución de equipo consistente en” granadas de mano” y “proyectiles de largo alcance” a la embajada boliviana en Quito.
El caso surge en momentos de una dura disputa política entre el gobierno izquierdista de Luis Arce y la oposición de centroderecha y que esta semana se tradujo en una pelea a puñetazos en la Asamblea Legislativa cuando Del Castillo rendía cuentas sobre la detención de Áñez.
Las elecciones de octubre de 2019 en las que el entonces presidente boliviano Evo Morales buscaba un cuarto mandato fueron denunciadas como fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejó 36 muertos y obligó a Morales a renunciar y asilarse primero en México y luego en Argentina. Áñez encabezó un gobierno interino para llamar a elecciones que un año después fueron ganadas por Arce, heredero político de Morales.
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Áñez también podría enfrentar un juicio de responsabilidades por la muerte de 19 partidarios de Morales durante una violenta represión de las fuerzas del orden en noviembre de 2019. Su exministro de Gobierno, Arturo Murillo, está detenido en Estados Unidos donde enfrenta un juicio supuesto por lavado de dinero y soborno en la compra de gases lacrimógenos en ese país. Por el caso también están investigados tres estadounidenses.
La información que tiene el gobierno boliviano es que “se han introducido al país armamento no letal y aparentemente munición de guerra” el 4 de diciembre de 2019, dijo por su parte el comandante de la policía boliviana, coronel Jhonny Aguilera.
La víspera Áñez publicó en su cuenta de Twitter que es “una prisionera política” del gobierno de Arce y que ante “la falta de sustento para sostener las acusaciones (de sedición y terrorismo) inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa”. La política lleva tres meses detenida preventivamente en un penal de La Paz.
Según analistas la confrontación política está afectando la gestión de la pandemia en momentos en que el país afronta una escalada de los contagios que hasta el viernes han dejado un acumulado de más de 400.000 casos y 15.321 decesos, mientras la población vacunada totalmente apenas llega al 7% de un total de 7,1 millones de personas.
Con información de AP
