En la Fiscalía Provincial del Guayas el concejal alterno José Flores impuso una denuncia por el presunto delito de paralización del servicio de transporte público en Guayaquil.
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Flores justificó que su denuncia está argumentada explicó en el artículo 326 numeral 15 de la Constitución, donde se prohíbe la paralización de un servicio público, es decir, el transporte público.
Por ello, dice, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona a quienes hagan la paralización de un servicio público.
“Hemos puesto esta acción porque al terminar la jornada las personas ven la forma de ir a su casa, de forma desastrosa, desesperada, en cualquier medio que atenta contra su salud en medio de una pandemia. He visto camionetas con 10-15 personas, las Metrovías copadas a más no poder», comparte el concejar alterno.
La denuncia ha sido impuesta en contra de la Federación de Transportadores Urbanos de la Provincia del Guayas (Fetug), de su presidente Christian Sarmiento.
No obstante, la tarde de este jueves 27 de mayo, los presidentes de las Federaciones Nacionales de Transporte Terrestre del Ecuador se pronunciaron en rueda de prensa, donde advirtieron poner un acción de protección si hasta si hasta la próxima semana no se concreta una reunión con autoridades del nuevo Gobierno de Guillermo Lasso.
Durante este acto, los transportista firmaron un acuerdo de unidad para así impulsar medidas que “alivien” la situación del transporte público sin perjudicar el presupuesto de los usuarios de este servicio.
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