Este 8 de febrero, el Gobierno Nacional remitió a la Asamblea Nacional, con carácter de económico urgente, el proyecto de Ley para Defensa de la Dolarización que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF).
Esta reforma, según explica un boletín de prensa, es indispensable y fundamental porque permitirá proteger la dolarización en el país.
Uno de los objetivos de este proyecto de Ley Orgánica, que reforma el Libro 1 del COMYF, es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE), para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.
De esta manera se buscará proteger los recursos del sector público, y sobre todo de los
ciudadanos, que se encuentran depositados en el BCE.
La propuesta legal dota de un Directorio al BCE conformado por 5 miembros, que serán profesionales técnicos y especializados en asuntos monetarios y financieros, y sin conflicto de intereses. El Presidente de la República será quien proponga los candidatos, y le corresponderá a la Asamblea Nacional nombrarlos.
Las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera, elaborar la programación macroeconómica, entre otras.
Además, con esta ley se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el Banco Central.
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF) que será un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera.
La JPRF estará conformada por 5 miembros que serán profesionales técnicos, con amplia experiencia en los ámbitos de su competencia y sin conflictos de intereses. Sus integrantes serán nominados por el Jefe de Estado y nombrados por el poder Legislativo.
Por otra parte, la reforma legal implementa mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional.
