Activistas de derechos humanos criticaron este jueves 17 de diciembre del 2020 un decreto recién firmado por el presidente paquistaní, Arif Alvi, que establece la castración química como posible pena para violadores, una medida aprobada como respuesta a polémicas violaciones ocurridas recientemente en el país.
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«La castración química es cruel e inhumana. No garantiza el fin de las violaciones en el país«, dijo a EFE la portavoz de la ONG Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, Maheen Paracha.
La portavoz indicó que los criminales también tienen derechos humanos. El Presidente paquistaní firmó el martes dos decretos para luchar contra la violencia sexual: el decreto Antiviolación 2020, del que informó ampliamente tanto en un comunicado como en Twitter, y la Ley Criminal 2020, cuya ratificación no se confirmó hasta más tarde.
El decreto Antiviolación 2020 establece la creación de tribunales especiales para estos casos y juicios rápidos de menos de cuatro meses, mientras que la Ley Criminal 2020 enmienda el Código Penal para incluir la castración como pena para los violadores.
La enmienda al Código Penal «incluye la castración química como castigo«, confirmó a EFE este jueves la Presidencia. La nueva pena se podrá aplicar tanto a violadores reincidentes como a hombres que cometen este delito por primera vez, que en casos especiales por su gran violencia podrán ser también castrados.
En ambos casos, serán los jueces de los nuevos tribunales específicos para delitos sexuales quienes decidan si se aplica esta pena. Dado que se trata de un decreto, el Gobierno paquistaní tiene 120 días para aprobar las medidas en el Parlamento para hacerlas permanentes.
Críticas de activistas
Los activistas coinciden en que este castigo no ayudará a erradicar la violencia sexual y que además es contraria a las normas internacionales.
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«La castración química forzada viola las obligaciones internacionales y constitucionales de Pakistán que prohíben la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes», afirmó en un comunicado la activista de Amnistía Internacional en Pakistán, Rimmel Mohydin.
La activista consideró que estos castigos no ayudarán a mejorar el sistema de justicia y que las autoridades deberían centrarse en las causas que provocan la violencia sexual.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) alertó en un comunicado de las medidas populistas contra la violencia sexual y remarcó la necesidad de aplicar las leyes ya existentes.
«Tenemos leyes y tenemos ciertos procedimientos», señaló a HRW la cofundadora de la organización Bolo Bhi de Pakistán, Farieha Aziz, «pero es necesario que se implementen», subrayó.
El decreto fue aprobado por el Gobierno paquistaní a finales de noviembre tras la violación el pasado septiembre de una mujer frente a sus dos hijos después de que el vehículo en el que viajaban durante la noche se quedara sin gasolina en plena carretera.
El hecho de que un jefe de Policía de la ciudad de Lahore culpase a la mujer por viajar sola de noche solo empeoró la situación, desencadenando una ola de indignación en Pakistán y la reclamación de medidas urgentes por la falta de protección hacia las mujeres.
Antes de la violación de la mujer frente a sus hijos, habían ocurrido desde 2015 una serie de abusos a menores que sacudieron el país, como la revelación de una red de pederastas que había filmado a al menos 19 niños.
