La Fiscalía General del Estado, luego de recabar los elementos de convicción que hacen presumir la participación de Carlos M. en el delito de tráfico de influencias, solicitó su vinculación al proceso en el que son investigados la extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y cuatro personas más.
La jueza Nacional Daniella Camacho dispuso la medida cautelar de presentación semanal en la Corte Provincial del Guayas, prohibición de salida del país, retención de fondos por 5.000 dólares y prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal se extenderá por treinta días más.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, enumeró diecisiete elementos de convicción que sirvieron de sustento para la vinculación del mencionado ciudadano. En total, seis personas son procesadas en esta causa.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, Carlos M. habría participado en el presunto delito como administrador del contrato. Además, previamente habría elaborado los términos de referencia, el informe de necesidad y el informe de idoneidad, en los que se menciona el nombre de la persona a quien posteriormente se adjudicó el contrato.
Fiscalía señaló que los procesados actuaron en contra de expresa disposición legal, al pretender adjudicar la contratación de 7.000 kits de alimentos, que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por COVID-19, inobservando la normativa legal de contratación pública al no considerar el mejor costo para el Estado, no contar con los estudios de mercado respectivos y no verificar la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.
«En este proceso, la extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia, el informe de idoneidad, y autorizó y dispuso el inicio de la contratación de emergencia por un valor de 1’055.740 dólares (sin IVA)», reza la institución.
Por su parte, César E. recomendó la contratación y emitió la carta de invitación; Mauricio C. y Jorge O. sugirieron la contratación del proveedor, luego de elaborar el informe de necesidad; y, Ramón R. gestionó la disponibilidad de recursos para la contratación, misma que tendría un sobreprecio.
El fiscal Toainga señaló que los hechos narrados se dieron en circunstancias en las que el país se encontraba en el peor momento de la pandemia por COVID-19, razón por la cual considera «repudiable que existan servidores que se aprovechen de la emergencia sanitaria para delinquir».
