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Inician sumario administrativo a jueza que dio prelibertad a líder de los “Choneros”

Inician sumario administrativo a jueza que dio prelibertad a líder de los "Choneros". También al juez que dio medidas cautelares a prefecto del Guayas

El Consejo de la Judicatura inició sumarios administrativos contra la jueza Alzira Benítez, quien concedió la prelibertad a alias ‘Rasquiña’, líder de la banda de los «Choneros». También se inició en contra del juez Eduardo Ordeña por aplicar medidas sustitutivas al prefecto del Guayas.

Mediante un boletín emitido el pasado 5 de junio, el Consejo de la Judicatura informó sobre el inicio de sumarios disciplinarios contra los jueces debido a su actuar en estos dos casos.

Los sumarios son contra la jueza de la Unidad Penal de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Alzira Beatriz Benítez Telles, y contra los jueces de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas Eduardo Alfonso Ordeñana Romero, Gabriel Jama Velasco y Martha Georgina Sánchez Castro.

En el caso de la jueza Benítez, se inicia el sumario por otorgar la prelibertad a favor del señor Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña». El líder de los «Choneros» tenía una condena por el delito de asesinato por 20 años. El procesado solamente ha cumplido seis años.

«Al actuar de esta forma, la jueza habría incurrido en una presunta manifiesta negligencia y dolo, conductas que se encuentran previstas como infracciones disciplinarias, en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial», indica el comunicado en contra de la jueza.

Por otro lado, en el caso del juez Ordeñana Romero, se inició una investigación por su actuación en el proceso judicial contra el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía solicitó prisión preventiva a Morales. Sin embargo, «el juez Ordeñana dispuso la aplicación de medidas alternativas; actuación judicial que causó indignación en la ciudadanía», indica el texto.

«Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial», finaliza.

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