El prefecto del Guayas, Carlos Luis M., es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, por lo que una jueza le ordenó la madrugada de este 4 de junio el uso de un grillete electrónico y le prohibió la salida del país.
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Además, Carlos Luis M. deberá presentarse periódicamente ante las autoridades. Estas medidas son alternativas a la prisión preventiva en el proceso de investigación que se le sigue al Prefecto del Guayas, por el presunto delito de tráfico de influencias, en el que estarían involucrados 2 hijos de la esposa de Carlos Luis M.
¿Qué dice la Fiscalía?
La madrugada de este 4 de junio la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra ocho personas, entre ellos Carlos Luis M., por el presunto delito de tráfico de influencias.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía solicitó al Juez de Garantías Penales que dicte prisión preventiva contra los procesados.
Sin embargo, el Magistrado no acogió el pedido y dispuso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Estas spn: prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
Las ocho personas fueron detenidas la madrugada y mañana del 3 de junio, en varios allanamientos ejecutados en Guayaquil y Samborondón, por parte de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria conformada por la FGE, con el apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional.
El operativo se ejecutó como parte de una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia sanitaria por Covid-19 que enfrenta el país.
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Irregularidades en la compra de mascarillas
Durante la audiencia, la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez, presentó como principales elementos de convicción. La información extraída del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, el informe de investigaciones, entre otros.
Con ellos se determinó la existencia de irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para detectar coronavirus con presunto sobreprecio.
Estos contratos habrían sido suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el Prefecto procesado.
Además, varias compañías están en estado pasivo y los domicilios que constan en los contratos serían “fachadas”.