El ministro de Finanzas, Richard Martínez, compareció el miércoles 15 de abril de manera virtual ante el pleno de la Asamblea Nacional para hablar de las medidas económicas que propondrá el Ejecutivo para hacer frente a la emergencia sanitaria por el covid-19. Sin embargo, el principal se centró en críticas del pago de la deuda externa en marzo en medio de la emergencia sanitaria.
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Martínez mencionó que se enviarán dos reformas a la Asamblea, aunque no precisó fechas. Un documento contendrá las medidas de urgencia por el Covid-19 y el segundo, será la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que ya estaba previsto que se entregue antes de la emergencia.
En el debate, los legisladores le cuestionaron a Martínez el pago de la deuda externa en marzo pasado y como éste afectó la entrega de recursos para la emergencia. También, le reclamaron la participación del viceministro de Finanzas, Esteban Ferro, pues mencionaron irregularidades debido a una supuesta empresa offshore y sus reuniones con tenedores de bonos de deuda.
Richard Martínez, dijo que si no se pagaban los $325 millones de la deuda externa, el país pudo haber tenido consecuencias graves. Una de ellas, el congelamiento de cuentas en el exterior, transferencias relacionadas con exportaciones, litigios legales y bloqueo a nuevo crédito externo.
«No ha sido en este gobierno que un ministro de Finanzas se reunió en una habitación de un hotel (con tenedores) a negociar un posible default de la deuda para obtener beneficios”. Richard Martínez, ministro de Finanzas.
Reveló que el país registrará en 2020 una caída de ingresos de $7036 millones. De estos, la mayor caída tiene que ver con la baja de los recursos petroleros que asciende a $2577 millones, y reducción de ingresos tributarios por $1862 millones.
El ministro también dio luces sobre lo que será la reforma laboral, que también se incluiría dentro de la ley urgente. Entre los cambios está el incentivo a los acuerdos entre trabajadores y empleadores, que podrán aplicarse a jornadas laborales, salarios, y otros.
En un comunicado, también se aclaró que no se planteará la posibilidad de suspender la jornada laboral por tres meses sin remuneración y sin pago de la seguridad social. Esa medida fue planteada, pero no fue acogida por el Ministerio de Trabajo y no constará dentro del proyecto que será enviado a la Asamblea Nacional.
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