El 18 de octubre de 2019, la Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento a la Creación de Empleo, Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, fue remitida a la Asamblea con carácter urgente. Pero este 17 de noviembre, el legislativo decidió archivar la Ley completa con 70 votos a favor, 32 negativos y 31 abstenciones.
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Con esta ley se esperaba recaudar 731 millones de dólares en el 2020 y 887 millones en 2021. En las reformas se planteaba puntos como incentivos para el crecimiento de las PYMES o temas como la eliminación del impuesto a la renta anticipada.
Según el economista Victor Abrigo, tras el archivo de la ley, la crisis se ahonda más. «La brecha fiscal es evidentemente peligrosa que está bordando en el tema de 5 mil millones de dólares. Actualmente, el Estado está gastando más de lo que ingresa. En ese sentido, como no tiene los recursos para financiar en el tema de gasto público, lo que está haciendo es incurrir en deuda, pero esa deuda a largo plazo nos está saliendo más costosa. Por ejemplo, actualmente estamos pagando de 3 mil 500 millones de dólares solo en el pago de intereses que equivale a un presupuesto de educación. Incluso está 1.500 millones más arriba del tema de salud. Entonces, no podemos permitirnos que en el momento en que empecemos a pagar el capital nos toque dejar de financiar los proyectos sociales como: educación, salud, vialidad, entre otros temas».
La última negativa de la Asamblea, según un comunicado del ministerio de Finanzas, ha tenido «efectos en los mercados internacionales» y el Riesgo País se ha incrementado sobre «los 1.000 puntos».
En una sola noche pasó de 853 a 1128 puntos. Esto quiere decir, según Abrigo que las oportunidades de acceder a un crédito para financiar un déficit fiscal sea más caro y «quien sale más perjudicado somos los ecuatorianos porque nosotros tenemos que pagar esa deuda».
¿Por qué se archivo la Ley Económica?
El ministro de Finanzas, Richard Martínez señaló que «en el país hay un problema estructural que tiene que ser resuelto: el déficit fiscal crónico», y pidió «una discusión seria y responsable en el seno de la Asamblea para dar alternativas reales»
La ministra de Gobierno María Paula también se pronunció y manifestó que «ciertos grupos rechazaron la Ley de Crecimiento Económico solo por ser contrarios al Gobierno. La Conaie se oponía a que paguen más los que más tienen». Además firmó que hubo legisladores que ni siquiera leyeron la Ley, pero votaron porque se archive.
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Por su parte la Asambleísta, Marcela Aguiñaga, dijo que «el Gobierno no tiene mayoría, ni control de su bancada, pero sí un evidente pacto con la banca ecuatoriana. La votación por el archivo de la Ley Económica fue un acuerdo coyuntural para no apoyar un proyecto impuesto que no fomenta la producción ni genera empleo».
Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil defendió a la decisión de su partido PSC sobre la decisión de archivar la ley. «Traía muchos impuestos que iban a afectar directamente a la economía del país y al bolsillo de los ecuatorianos. Nuestra posición ha sido siempre coherente por años, nosotros no creemos que para solucionar problemas del Estado tengan que quitarle el dinero del bolsillo a la gente, el proyecto fue negado”.
Según el economista Victor Abrigo,»hay un rechazo hacia el Gobierno. La debilidad de la coyuntura política hizo que ciertos legisladores tengan un odio hacia el presidente y no analicen las cosas positivas que hay en el proyecto. Por ejemplo, el tema de la eliminación del impuesto a la renta anticipado. Simplemente vieron la oposición al Gobierno y aparentemente estar a favor del pueblo, pero el pueblo necesita soluciones, no negar por negar».
También contó que otros asambleístas estaban dispuestos a separar el proyecto.»Aprobar lo que beneficia y rechazar lo demás, pero ganó el rechazo hacia el Gobierno de los otros legisladores».
¿Cuál es el siguiente pasó?
Tras la anulación del decreto de los subsidios en octubre y, ahora, de la Ley de crecimiento económico, el Gobierno ecuatoriano se encuentra en un completo bloqueo para poder cumplir sus compromisos frente a entidades internacionales que le habían prometido más de 10.200 millones de dólares en cómodos créditos.
Ahora, se enviará un nuevo proyecto de Ley, que recogerá el debate de la Asamblea para tener un documento democrático.
Según Richard Martínez, las nuevas reformas están siendo analizadas. Se realizarán varias reuniones para tratar las propuestas e incluirá algunas medidas planteadas por los asambleístas. Manteniendo algunas reformas y eliminando otras como la propuesta de eliminar el crédito tributario para ciertas materias primas y maquinarias.
Para el economista Abrigo, el Ejecutivo necesita remitir un proyecto económico urgente pues la capacidad de crédito se limita y a la vez, si alguien nos quiere prestar dinero se lo hará a más altos intereses.
«Aquí juega un papel muy importante el Presidente de la Asamblea y su comunicacion con las bancadas y con el mismo presidente para que se puedan realizar consensos previo al proyecto que se va a remitir».
