El Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, acogió el pedido realizado por el fiscal general del Estado (subrogante), Wilson Toainga, y resolvió negar los recursos de apelación interpuestos por Rafael C., Jorge G., Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S.
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Ellos forman parte del grupo de procesados por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en el caso “Sobornos 2012-2016”. De esta manera se ratificó así la medida cautelar de prisión preventiva en su contra.
Las defensas de los procesados solicitaron que se revoque la prisión preventiva de los ciudadanos, argumentando que no se han cumplido los requisitos para dictar esa medida. Señalaron que mejor se dispongan otras alternativas, como la presentación periódica ante la autoridad, que también garantizan la presencia de los ciudadanos en el proceso penal.
Por su parte, el Fiscal Subrogante señaló que dichas solicitudes no cumplen con los requisitos establecidos por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y pidió que se desechen los recursos y que se ratifique la prisión preventiva. Así tomando en cuenta que tanto la solicitud realizada por la Fiscalía, como la aceptación de la misma por parte de la jueza Daniella Camacho, cumplen con los parámetros de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad.
Ante el argumento de varios de los procesados, que señalaron que la medida es exagerada y que responde a represalias políticas. el fiscal Toainga fue enfático al aseverar que el trabajo de Fiscalía es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la Ley.
El Tribunal resolvió, por unanimidad, ratificar la prisión preventiva al considerar que la decisión inicial de la jueza Camacho cumple con los requisitos del artículo 534 del COIP y que, por lo tanto, las medidas cautelares se encuentran totalmente motivadas y justificadas con base en el principio de legalidad.
¿Por qué lo investigan?
La Fiscalía General del Estado investiga los presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio de un movimiento político.
En este caso, la audiencia preparatoria de juicio en contra de veinticuatro personas se reinstalará el lunes 11 de noviembre de 2019. En la diligencia, la Jueza Daniella Camacho dará a conocer su decisión sobre la existencia o no de vicios de procedimiento, procedibilidad, competencia y prejudicialidad.
