Paola Pabón, prefecta de Pichincha, fue ingresada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi el miércoles 16 de octubre. El Viceprefecto de la provincia, Alexandro Tonello, señaló que el arresto de la política es una “arbitrariedad”.
La defensa de Pabón apeló a la prisión preventiva, para que de esta manera ella pueda defenderse en libertad durante los 90 días de la instrucción fiscal. La Prefecta fue procesada por delito de rebelión, correspondientes a los 11 días de paro y manifestaciones a nivel nacional, específicamente en Quito.
La madrugada del jueves 17 de octubre culminó el allanamiento al edifico de la Gobernación de Pichincha. 11 fiscales y personal policial realizó el operativo denominado «Paz» en este establecimiento, ubicado en el centro -norte de Quito.
Una de las hipótesis que se maneja es que los involucrado, militantes del movimiento correísta, del cual Pabón es partidaria, habrían querido provocar un golpe de estado y llamar a muerte cruzada (elecciones).
Autoridades de la Fiscalía General del Estado, se llevaron computadoras y documentos para realizar las investigaciones pertinentes. En diálogos procesados, habrían hallado indicios de disposiciones para que salgan a la protesta personas de “todo el barrio” y ahí se pida “la destitución” del presidente.
¿Qué pasará con la Prefectura?
El Código Orgánico de Ordenamiento Territotrial (Cootad) señala que la autoridad tienen tres días de plazo para que los prefectos puedan comunicar de su ausencia y así, encargar su puesto. Si no se realiza ello, es causa para solicitar su destitución.
El Consejo Provincial de Pichincha puede conceder una licencia de 60 días, hasta la fecha no existe un pronunciamiento por parte de la institución.
