La Fiscalía allanó esta tarde el edificio de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, dentro de la instrucción fiscal por rebelión contra la prefecta Paola Pabón, investigada por el delito de rebelión.
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Fiscalía y Policía allanaron la sede de la Prefectura de Pichincha «como parte de la instrucción fiscal abierta por el delito de rebelión» a Pabón, mediante un operativo en el que intervinieron once fiscales, señaló el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
De su lado, Pabón, quien se encuentra bajo una orden de prisión preventiva, ha negado los cargos y dijo que su detención obedece a una persecución política contra el movimiento Revolución Ciudadana, que dirige el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
«En Ecuador no hay Estado de Derecho. La Prefecta de Pichincha ha sido condenada sin pruebas y sin el debido proceso. Esta cuenta transmitirá información sobre Paola Pabón, pero ya no podrá ser manejada por ella, pues se encuentra encarcelada», se pudo leer en un mensaje en su perfil de Twitter.
Varias organizaciones feministas de Argentina y Perú han expresado su solidaridad con Pabón y han exigido su inmediata liberación.
El ingreso en prisión preventiva de Pabón fue dictado este martes por un juez de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, tras haber sido detenida el lunes en un allanamiento a su domicilio practicado pocas horas después del fin de las duras protestas sociales de la semana pasada.
Entre los indicios presentados por la Fiscalía está su posible participación «en un plan desestabilizador con financiamiento extranjero» y el «uso del edificio de la Prefectura para estos fines».
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En días pasados, Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, intercambiaron mensajes vía Twitter en momentos en que el Ejecutivo achacaba los actos de violencia en las protestas a gente cercana a Correa.
El Gobierno ha señalado directamente al «correísmo» de instigar las violentas protestas que paralizaron Ecuador la semana pasada por la eliminación de los subsidios a los combustibles, entre otras medidas de austeridad económica adoptadas para recibir un crédito de más de 10.000 millones de dólares, 4.200 de ellos del FMI.
Las protestas, que terminaron el domingo con la derogación del polémico decreto, dejaron 8 muertos según la Defensoría del Pueblo, además de más de 1.300 heridos y más de mil detenidos.
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