La tarde del sábado 5 de octubre la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador, Conaie, declaró estado de excepción en territorios indígenas. Esta decisión quiere decir que los militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a justicia indígena.
La medida tomada por la Confederación responde a tres apartados: Ante la brutalidad y la falta de conciencia de la fuerza pública para comprender el carácter popular de las demandas del Paro Nacional contra el «Paquetazo».
«Ante la insistencia del Gobierno Nacional de avanzar sobre los territorios con la explotación minera, petróleo y bienes de la naturaleza. De esta manera destruyendo entorno de vida y respaldando con fuerzas militares la presencia de las empresa», cita el comunicado.
Finalmente, se ancan en su ejercicio de su derecho de autodeterminación y autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de pueblos y nacionalidad, reconocida por la declaración de las naciones unidas.
47 militares se encuentran detenidos en la comunidad de Alausí, Chimborazo, desde la tarde del 5 de octubre. Dirigentes de las comunidades indígenas señalaron que serán liberados una vez que el Gobierno entre en diálogo acerca de las medidas económicas.
La Conaie denunció el domingo 6 de octubre, cuarto día de protestas a nivel nacional, que comuneros de Tsuraku, Pastaza, fueron atacados por 200 militares. Los uniformados habrían usado gas lacrimógeno contra mujeres, niños, jóvenes y ancianos.
Respecto al uso progresivo de la fuerza, La Fiscalía General del Estado fue clara al señalar que los policías o militares que no se midan en la fuerza para replegar a las multitudes serán juzgados con pena de privación de la libertad.
