El Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció sobre las medidas económicas anunciadas por el Gobierno ecuatoriano. En un comunicado destacó que estas medidas, que incluyen la liberación del precio de los combustibles y reformas laborales y tributarias, buscan «fomentar un crecimiento sólido e inclusivo».
Moreno anunció este martes en un mensaje a la nación que firmó un decreto que libera el precio del diesel y de la gasolina extra, las de mayor consumo nacional.
Ecuador, según el Gobierno, destina más de 1.300 millones de dólares al año para cubrir el subsidio a los carburantes.
Además, el presidente ecuatoriano indicó que aumentara el número de personas pobres que se acogen a diferentes bonos estatales, con lo que a partir de ahora serán 1,3 millones de familias las que serán apoyadas con esas bonificaciones.
Para el FMI, el anuncio del Gobierno ecuatoriano «incluyó decisiones importantes para proteger a los pobres y más vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva».
La institución multilateral aseguró que su personal «continuará colaborando estrechamente con las autoridades para mejorar las perspectivas de todos los ecuatorianos».
De igual forma, indicó que se espera que la segunda revisión, sobre la que se alcanzó un acuerdo técnico el pasado 23 de septiembre, se presente al Directorio Ejecutivo en las próximas semanas.
El paquete de medidas anunciadas responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que el pasado marzo obtuvo de diferentes organismos internacionales una línea de crédito de más de 10.000 millones de dólares.
El pasado 11 de marzo, el Directorio Ejecutivo del FMI avaló un acuerdo técnico de asistencia financiera a Ecuador por valor de 4.200 millones de dólares, que permitió el desembolso inmediato de 652 millones de dólares.
El convenio, que forma parte del Servicio Ampliado del FMI (SAF), brinda apoyo a las políticas económicas del Gobierno ecuatoriano en los próximos tres años.
A cambio de la línea de financiación, la organización internacional ha exigido reformas para reducir el déficit fiscal, y entre ellas, recortes en el gasto público y abordar cambios en la legislación laboral para incrementar la productividad y la competitividad.
Con información de EFE
Lea también:
