El informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se encuentra bajo la lupa después de que su abogado confirmara este viernes que una nueva instrucción fiscal analiza datos del móvil incautado a su defendido.
En su habitual comparecencia de los viernes ante la Fiscalía General del Estado en Quito desde que el pasado 20 de junio fuera liberado por la justicia ecuatoriana tras permanecer 70 días en prisión preventiva, Bini acudió junto a su abogado, Carlos Soria, que se refirió a una nueva investigación que realiza el órgano fiscal del aparato.
De acuerdo a medios locales, los investigadores lograron acceder al dispositivo iPhone del informático gracias a un vídeo de vigilancia del edificio en el que vivía Bini en Quito y que grabó el momento en que introdujo los ocho números de la clave de acceso del móvil.
En una audiencia de extracción de carácter privado efectuada el pasado 6 de agosto, el fiscal del caso, Fabián Chávez, mostró a Bini en presencia de su letrado, cómo habían logrado descifrar la clave y realizó la pericia de apertura del dispositivo.
Interpelado sobre esa pericia que podría sumarse como nueva prueba al caso, a cuyo proceso de instrucción le restan dos semanas, el abogado del sueco aseguró hoy que «no se puede establecer cualquier otro tipo de información al expediente porque sería una clara violación del derecho humano y constitucional de Ola Bini».
Y recordó que hasta la fecha la defensa legal del informático especializado en software libre, «ha contabilizamos 85 irregularidades en esta supuesta investigación» del caso.
Precisa que la información divulgada por un digital acerca de supuestas nuevas pistas e información relevante contenida en el celular de Bini, «hace referencia a una audiencia privada y reservada» y que de acuerdo a la ley, «no puede ser divulgada por ningún medio de comunicación ni a nadie».
Por ende, aseguró Soria, «tiene que ser utilizada únicamente con fines investigativos y relacionados con el tema».
Insistió en que su defendido no había pirateado ningún sistema informático en el país, ni en ningún otro y que lo que «ha hecho siempre es proteger la seguridad de la información en Internet».
Soria también se refirió al artículo de un medio digital local que apuntaba a que en el móvil se encontró una fotografía de un supuesto ingreso ilegal a las páginas de la corporación estatal CNT en 2015, lo que reforzaría la denuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, que al inicio del caso en abril apuntó a que el sueco habría vulnerado páginas oficiales del Estado.
«Es súper-raro que un medio digital de investigación saque un artículo de opinión en donde ellos tengan acceso a documentos, a vídeos, a fotos, que ni siquiera la defensa hasta el día de hoy hemos tenido conocimiento».
Y calificó de «estupidez o delito» la información que el medio publicó acerca de que el propio Bini se habría hecho una fotografía «de su propio delito hackeando y se la envíe a otra persona, todo esto es completamente inverosímil».
En paralelo, indicó que en la audiencia que atendieron, «jamás se habló de esa supuesta fotografía o prueba, o que reposa en una caja fuerte de la Fiscal General».
El experto en encriptación cibernética y software libre fue detenido en Quito por presunto espionaje informático el pasado 11 de abril, horas después de que el Estado ecuatoriano pusiera fin al asilo concedido a Assange desde 2012 en su Embajada de Londres.
Bini, que había sido puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado el pasado 20 de junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, aceptara un recurso de «habeas corpus» solicitado por su defensa.
Desde entonces comparece cada viernes ante la autoridad fiscal, que recientemente vinculó a un nuevo individuo, de nacionalidad ecuatoriana, en el caso.
Con información de EFE
